El caso de Virginia Aparicio, investigadora del INTA Balcarce que enfrenta un sumario administrativo que podría derivar en su exoneración, sumó ahora el respaldo de organizaciones profesionales reunidas en el Primer Congreso Nacional de Sociólogas y Sociólogos de la República Argentina.
Durante el encuentro realizado el 24 y 25 de septiembre, entidades como la Asociación de Sociólogos de la República Argentina y el Colegio de Sociólogos y Sociólogas bonaerense reclamaron al INTA que garantice el debido proceso y la libertad de investigación.
“No puede existir ciencia pública si se persigue, censura o disciplina a quienes investigan y comunican resultados incómodos”, expresaron en un pronunciamiento conjunto.
Aparicio trabaja en el INTA desde 1997 y participó del proyecto internacional SPRINT, financiado por la Unión Europea para estudiar la presencia de plaguicidas en personas, animales y el ambiente. En Argentina participaron 73 voluntarios.
La controversia comenzó en 2023, cuando el INTA suspendió la difusión local de los resultados y posteriormente se retiró del proyecto. Actualmente, la investigadora enfrenta un procedimiento administrativo y, según la información difundida por APINTA, podría recibir una sanción de exoneración, aunque Aparicio aún no habría sido notificada oficialmente de esa decisión.
El conflicto también llegó al Congreso Nacional, donde se presentaron iniciativas para expresar preocupación por el sumario y solicitar explicaciones sobre la salida argentina del proyecto SPRINT.
“No hay desarrollo sostenible sin ciencia pública. No hay ciencia democrática sin libertad para investigar”, concluyeron las organizaciones que respaldaron a Aparicio.
