El voto del concejal Marcelo Rivero a favor del aumento del boleto de colectivos generó malestar dentro del peronismo necochense, donde sectores internos sostienen que el edil del PJ debió abstenerse por sus presuntos vínculos familiares y económicos con la empresa concesionaria Micros Azules.
La suba de la tarifa abrió un nuevo frente de tensión política en Necochea. Mientras Rivero y la concejal Silvia Blanco, cercana a Jimena López, acompañaron el incremento, los concejales Evangelina Almada y Julián Kristiansen votaron en contra, dejando expuesta una fuerte división interna.
El cuestionamiento tiene una dimensión política y otra ética. Por un lado, dentro del peronismo objetan que se haya respaldado una actualización tarifaria que impacta de lleno sobre trabajadores, estudiantes y vecinos que dependen diariamente del transporte público.
Pero el punto más sensible es el presunto conflicto de intereses que le atribuyen a Rivero por su relación previa con Micros Azules. Según señalan sectores internos, el concejal fue durante años apoderado de la firma y mantendría además vínculos familiares directos con sus propietarios.
En ese contexto, consideran que debía excusarse o abstenerse de votar una ordenanza que incide directamente sobre la ecuación económica del servicio concesionado.
Las críticas también apuntan a su paso por áreas vinculadas al transporte, tanto en el ámbito municipal como provincial, desde donde —según sostienen sus cuestionadores— habría tenido una relación de cercanía con la empresa.
El malestar habría trascendido incluso los límites de la bancada peronista. En los pasillos del Concejo Deliberante circuló una frase que refleja el clima interno: “Con su voto nos ensucia a todos”.
Por estas horas no se descarta que el planteo avance hacia una presentación institucional para cuestionar formalmente la conducta de Rivero durante el tratamiento del aumento del boleto.
La discusión dejó al descubierto no sólo las diferencias internas del peronismo frente a la política tarifaria, sino también el debate sobre los límites éticos que deben regir la actuación de los concejales cuando existen vínculos previos con empresas alcanzadas por sus decisiones.
