El escenario político de Necochea atraviesa un periodo de tensión institucional tras la formalización de una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El Departamento Ejecutivo, encabezado por el intendente Arturo Alfredo Rojas, presentó un conflicto de poderes contra el Concejo Deliberante local con el objetivo de anular la Ordenanza Nº 12.148/26.
La normativa en disputa, aprobada por el cuerpo legislativo, establece una serie de beneficios y exenciones tributarias para los veteranos de la Guerra de Malvinas, sus viudas y derechohabientes. Entre las medidas cuestionadas se encuentran la exención del pago de derechos de oficina para licencias de conducir, la liberación del pago en el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) y beneficios en el impuesto a la patente de rodados.
El eje del conflicto radica en que la ordenanza impone estas medidas de alivio fiscal de forma obligatoria para la Ordenanza Fiscal e Impositiva del año 2027. Según el escrito presentado con el patrocinio del doctor Ernesto Povilaitis, del área de Legal y Técnica municipal, el cuerpo deliberativo se habría extralimitado en sus funciones al modificar la estructura de ingresos y condicionar ejercicios financieros futuros sin la debida articulación con la administración central.
En la presentación judicial, el municipio solicitó una medida cautelar urgente para lograr la “suspensión inmediata” de la vigencia de la norma mientras se resuelve la cuestión de fondo. El planteo sostiene que la determinación de pautas tributarias afecta las facultades de administración financiera que corresponden exclusivamente al intendente.
Este recurso jurídico se considera una herramienta excepcional prevista por la Constitución Provincial para dirimir invasiones de competencias entre órganos del Estado local. La resolución de la Suprema Corte determinará la validez de la norma y marcará un precedente en la relación entre el palacio municipal y el poder legislativo de Necochea.
