Una jueza de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora dispuso frenar preventivamente durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense. El fallo advierte sobre la falta de condiciones para alojar a un eventual mayor número de adolescentes privados de su libertad. Patricia Bullrich cuestionó duramente la decisión.
La Justicia bonaerense ordenó suspender preventivamente por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio provincial, apenas dos días después de su entrada en vigencia.
La medida fue adoptada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado en favor de adolescentes privados de su libertad.
El eje del fallo está puesto en las condiciones materiales para aplicar la nueva legislación, que incorpora al régimen penal a adolescentes de 14 y 15 años.
La magistrada advirtió que el cambio podría incrementar tanto la cantidad de jóvenes que ingresen al sistema como el tiempo de permanencia en establecimientos de detención, sin que estén garantizados previamente los recursos e infraestructura necesarios.
“El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir”, sostuvo la jueza al justificar el carácter preventivo de la suspensión.
Bullrich apuntó contra Kicillof y la Justicia
La decisión provocó una fuerte reacción de Patricia Bullrich, quien cuestionó al gobernador Axel Kicillof y calificó de “garantista” a la Justicia provincial.
“En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, afirmó.
También sostuvo que existe una Justicia provincial que “los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”.
Más allá de la controversia política, el fundamento central de la resolución judicial apunta a otra cuestión: si la Provincia cuenta actualmente con infraestructura, personal y recursos suficientes para aplicar el nuevo régimen sin agravar las condiciones de detención de los adolescentes.
La suspensión tendrá inicialmente una duración de 60 días, mientras continúa el análisis judicial sobre las condiciones necesarias para implementar la nueva legislación.
