La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) volvió a pronunciarse después de nuevos ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación. La entidad expresó su preocupación y defendió el derecho a la crítica, aunque nuevamente eligió una respuesta institucional moderada frente a la dureza de las expresiones presidenciales.
El episodio ocurrió durante la cena anual de la Fundación Faro, donde Milei volvió a cuestionar a periodistas que investigaron e informaron sobre el caso $LIBRA, después de conocerse una resolución judicial favorable al mandatario.
ADEPA sostuvo que existe una “escalada” de agresiones verbales contra el periodismo y advirtió sobre las consecuencias que ese clima puede tener para el debate democrático.
Sin embargo, la respuesta se concentró nuevamente en una apelación general a las reglas de convivencia.
“La réplica, la refutación y la aclaración nunca deberían ser reemplazadas por el insulto y el agravio en una sociedad democrática que tolera el disenso y la crítica”, expresó la entidad.
Una condena medida frente a ataques reiterados
El comunicado reconoce que ya no se trata de un episodio aislado y admite que las agresiones se vienen intensificando. Pero frente a esa caracterización, ADEPA evitó avanzar hacia una condena institucional de mayor contundencia o reclamar medidas concretas para detener la estigmatización de periodistas.
La cuestión excede cualquier discusión sobre si una cobertura periodística fue correcta o equivocada. Un presidente tiene derecho a cuestionar información, responder investigaciones y señalar errores. El problema aparece cuando la discusión sobre contenidos es reemplazada sistemáticamente por descalificaciones personales contra quienes ejercen el periodismo.
La propia ADEPA establece esa diferencia al reclamar que las controversias se respondan mediante argumentos, refutaciones y aclaraciones.
Pero ante una escalada que la entidad reconoce expresamente, su reacción vuelve a quedar limitada a una declaración.
La discusión de fondo sigue abierta: hasta dónde alcanza una respuesta basada únicamente en comunicados cuando los ataques desde la máxima autoridad del Poder Ejecutivo contra periodistas y medios dejan de ser excepcionales y pasan a convertirse en una práctica reiterada.
