Un fallo judicial condenó a un concejal del bloque de La Libertad Avanza en San Isidro a pagar una compensación económica de 12 millones de pesos. La resolución responde a una denuncia por acoso sexual y manoseo radicada por una trabajadora municipal, quien se desempeñaba en el ámbito del Concejo Deliberante local.

El incidente que dio origen a la demanda ocurrió dentro de las instalaciones del palacio municipal. Según la investigación, el edil involucrado realizó tocamientos no consentidos hacia la víctima, vulnerando su integridad física y psicológica en su lugar de trabajo. Ante la gravedad de los hechos, se inició un proceso civil y administrativo para determinar las responsabilidades del funcionario.

La sentencia fue contundente respecto al accionar del legislador. Entre los párrafos más destacados del dictamen, la justicia subrayó la asimetría de poder y el daño causado a la denunciante. “La conducta del demandado constituye un acto de violencia de género que no puede ser tolerado en el ámbito de las instituciones públicas”, señala una de las citas principales del proceso.

Este caso generó una fuerte repercusión en el arco político de San Isidro, donde diversos sectores reclamaron medidas ejemplificadoras contra el concejal. La indemnización fijada tiene como objetivo reparar el daño moral y los gastos derivados del tratamiento que debió realizar la empleada municipal tras el suceso.

Hasta el momento, no se ha definido si el bloque oficialista o las autoridades del cuerpo legislativo tomarán medidas adicionales respecto a la banca que ocupa el sancionado, mientras el fallo establece un precedente significativo sobre el tratamiento de denuncias por violencia de género en dependencias estatales.