La protesta tendrá epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, con movilización a Plaza de Mayo, y se replicará en distintos puntos del país. Reclaman que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada por la Justicia.
El sistema universitario público volverá a salir a la calle el próximo 12 de mayo con una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina.
La jornada tendrá su acto central en la Ciudad de Buenos Aires, con una movilización hacia Plaza de Mayo, aunque también se prevén marchas simultáneas en diferentes ciudades del país.
El reclamo principal apunta al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso hace seis meses y cuya aplicación fue ratificada por la Justicia. Desde los sectores convocantes remarcaron que la situación económica de las universidades se agravó en los últimos meses y advirtieron que las transferencias nacionales cayeron un 45,6% desde 2023.
En un comunicado conjunto, las entidades señalaron: “En todos los aspectos estamos funcionando a la mitad, con todas las dificultades que eso genera”. Y agregaron: “Sin salarios dignos no hay universidad de calidad, por lo que lo más urgente es resolver la angustiante e injusta situación salarial de docentes y nodocentes y la necesaria actualización de los programas de becas a estudiantes”.
La tensión creció luego de que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificara a fines de marzo la vigencia de la ley y ordenara su cumplimiento inmediato en lo referido a salarios y becas. Sin embargo, el Gobierno nacional respondió con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para frenar esa aplicación.
Desde el sector universitario cuestionaron además la falta de convocatoria a paritarias y denunciaron que desde 2024 todas las actualizaciones salariales fueron decididas de forma unilateral y resultaron insuficientes.
“Aún con una ley sancionada por el Congreso y con un fallo judicial ordenando su aplicación, el Gobierno nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen”, afirmaron.
