La Justicia de Tres Arroyos condenó a Daniel Lezama a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, al considerarlo autor responsable de un robo calificado cometido en el marco de un apriete contra un empresario local del rubro de la carne.
La resolución también alcanzó a Gabriel Sandoval, imputado como instigador de una coacción agravada vinculada al mismo episodio. En su caso, el tribunal dispuso la suspensión del juicio a prueba por el término de tres años, el plazo máximo previsto por la ley.
El fallo fue dictado semanas atrás por el juez subrogante del Tribunal Oral Criminal de Tres Arroyos, Hugo Adrián de Rosa, luego de analizar las propuestas presentadas por el fiscal Facundo Lemble, titular de la UFI Nº 13, y por las defensas de los acusados.
Lezama, de 48 años, fue condenado en el marco de la causa Nº 45/26, caratulada como robo agravado por el uso de arma no secuestrada, encubrimiento agravado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, todos en concurso real.
Su defensa estuvo a cargo del abogado Emanuel Corradino.
En tanto, Sandoval, de 52 años, recibió una suspensión de juicio a prueba por tres años por los delitos de coacción agravada por el empleo de armas en calidad de instigador y encubrimiento por receptación dolosa.
Como parte de las condiciones impuestas por la Justicia, deberá fijar domicilio, no ausentarse sin autorización del órgano jurisdiccional, someterse al control del Patronato de Liberados y abonar dos millones de pesos en concepto de reparación del daño a las víctimas.
La defensa de Sandoval estuvo a cargo de la abogada Elisa Hospitaleche.
Entre los damnificados se encuentra la familia que sufrió el apriete para que cesara en la venta de carne en Tres Arroyos, además de otro vecino de la ciudad al que Lezama le había sustraído distintos elementos, entre ellos tres lentes de una cámara fotográfica profesional.
Esos objetos fueron encontrados en el domicilio de Sandoval durante un allanamiento realizado en el marco de la investigación.
El asalto y el mensaje mafioso
Según surge del expediente judicial, el hecho central ocurrió el 30 de junio de 2024, cuando dos personas con guantes y los rostros cubiertos ingresaron armadas a una vivienda del Barrio Residencial, ubicada en calle Olavarría al 700.
Para entrar, los delincuentes dañaron la bisagra de una puerta ventana trasera. Una vez dentro, redujeron mediante amenazas a una mujer que se encontraba en la casa junto a sus dos hijos menores de edad, quienes dormían en otro ambiente.
De acuerdo con la investigación, uno de los asaltantes mantuvo controlada a la mujer en una habitación, mientras el otro recorrió la vivienda y sustrajo joyas, dinero, prendas de vestir y elementos informáticos.
Durante el asalto, uno de los atacantes transmitió un mensaje directamente vinculado con la actividad comercial del esposo de la víctima: “Que tu marido deje de vender carne en Tres Arroyos, no importa si vende en la zona, pero que deje de vender en Tres Arroyos”.
Para la acusación, esa frase no fue un dato menor, sino el elemento que permitió orientar la investigación hacia una posible maniobra de presión comercial.
El mensaje provocó un fuerte temor en el matrimonio, que un mes después amplió su declaración ante la Fiscalía y aportó detalles sobre el trasfondo del hecho.
Según la presentación de las víctimas, el robo no habría tenido únicamente una finalidad patrimonial, sino que habría buscado enviar una advertencia para condicionar la actividad comercial de la familia en el mercado local de la carne.
En esa declaración, los damnificados señalaron a Sandoval como la persona que, según su interpretación, habría estado detrás del apriete.
La sospecha se apoyaba en un antecedente comercial: en 2023, Sandoval se había desempeñado como gerente del frigorífico administrado por la víctima, vínculo que terminó quebrado luego de un conflicto por la comercialización de un camión de carne.
A partir de allí, la investigación judicial avanzó sobre la hipótesis de que el asalto estuvo vinculado con una disputa económica dentro del rubro.
Con la condena a Lezama y la suspensión del juicio a prueba otorgada a Sandoval, la causa cerró una etapa clave, aunque dejó expuesto un caso de fuerte impacto por la modalidad del hecho: un robo violento, cometido dentro de una vivienda familiar, con un mensaje intimidatorio asociado a una actividad comercial.
