El representante del Ministerio Público aseguró que había solicitado las detenciones debido a la gravedad de los delitos investigados, pero la jueza de Garantías Aída Lhez rechazó el pedido argumentando la falta de espacio en las dependencias policiales.
El fiscal Larrarte cuestionó en una entrevista brindada en el medio Ecos Radio, realizada por el periodista Gustavo Nicolás, la decisión de la jueza de Garantías Aída Lhez, quien no hizo lugar a las detenciones solicitadas contra las personas involucradas en una causa por presunta comercialización de estupefacientes, iniciada tras un allanamiento realizado en la zona de calles 94 y 47.
Durante el procedimiento fueron secuestradas cantidades de marihuana y cocaína, además de armas de fuego. Aunque las personas investigadas fueron inicialmente aprehendidas, posteriormente recuperaron la libertad.
El pedido presentado por la Fiscalía
El fiscal explicó que había solicitado formalmente las detenciones al considerar que se encontraban reunidos los elementos necesarios para sostener la medida mientras continuaba la investigación.
“Nosotros pedimos, como siempre, la detención de las personas que se encuentran implicadas en la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, manifestó.
Larrarte remarcó que el delito investigado contempla una escala penal de entre cuatro y quince años de prisión. Según indicó, esa expectativa de pena permite solicitar una detención independientemente de que las personas involucradas tengan o no antecedentes penales.
“Las penas mínimas altas que tiene este delito, de cuatro a quince años, nos permiten pedir la detención más allá de que estas personas puedan tener antecedentes o no”, explicó.
Una investigación que recién comienza
El fiscal también señaló que el allanamiento constituye una de las primeras medidas de una investigación que todavía debe avanzar mediante diferentes diligencias probatorias.
Entre las actuaciones pendientes mencionó la realización de las pericias sobre las sustancias secuestradas y la apertura y análisis de los teléfonos celulares encontrados durante el operativo.
“La causa con el allanamiento recién empieza. Nos quedan medidas probatorias tendientes a acreditar el hecho y determinar si corresponde elevar la causa a juicio, como la pericia de la droga y, si secuestramos celulares, la apertura de esos dispositivos”, detalló.
De acuerdo con el representante del Ministerio Público, estas circunstancias fueron incorporadas como fundamento del pedido de detención presentado ante el Juzgado de Garantías.
La falta de lugar como argumento
Larrarte afirmó que la magistrada rechazó las detenciones debido a que no habría disponibilidad de alojamiento en las comisarías de la zona.
“Nosotros pedimos la detención y la jueza de Garantías interviniente no hizo lugar teniendo en cuenta que no hay lugar en las comisarías”, sostuvo.
Ante la posibilidad de que existieran cupos en otras dependencias policiales o unidades penitenciarias, el fiscal consideró que podría haberse buscado una alternativa para mantener detenidas a las personas investigadas.
Una decisión que la Fiscalía no puede apelar
El fiscal advirtió, además, que el rechazo del pedido de detención no puede ser recurrido por el Ministerio Público, lo que limita las herramientas disponibles para revertir la resolución judicial.
“El rechazo de las detenciones no es apelable, así que no tenemos mucho margen de maniobra en ese sentido”, concluyó Larrarte.
La decisión vuelve a poner en discusión el impacto que tiene la falta de plazas en dependencias policiales y penitenciarias sobre las investigaciones por delitos graves, particularmente cuando se encuentran involucrados estupefacientes y armas de fuego.
