Los mandatos de los representantes sectoriales vencen el próximo 18 de agosto y, si no existe una decisión expresa del Poder Ejecutivo provincial, el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén podría quedar limitado a actos de administración ordinaria.
El actual directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén ingresó en la etapa final de su mandato, en medio de cuestionamientos institucionales, disputas por la conducción y controversias vinculadas con la prórroga de la concesión de Terminal Quequén.
De acuerdo con la Ley 11.414, los directores que representan a los distintos sectores permanecen tres años en sus cargos. Ese período se cumplirá el próximo 18 de agosto y, de no mediar una renovación o una decisión formal del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el ente podría quedar sin facultades para adoptar resoluciones que excedan la administración cotidiana.
La situación se suma a la falta de una presidencia definitiva desde diciembre de 2025, cuando Jimena López renunció al cargo para asumir como diputada nacional.
Tras esa salida, el directorio designó a uno de sus integrantes como presidente interino, sin la participación de un representante provincial. Ese mecanismo fue cuestionado por distintos sectores, que pusieron en duda el alcance de las atribuciones de la conducción transitoria.
Uno de los principales focos de controversia fue la decisión de otorgar una prórroga de 18 meses a la concesión de Terminal Quequén, la principal estación de embarque del puerto. La resolución generó objeciones respecto de la capacidad legal de un directorio encabezado de manera interina para adoptar una medida de semejante relevancia.
La gestión también quedó atravesada por denuncias y señalamientos sobre posibles conflictos de intereses entre algunos de sus integrantes. A ese escenario se agregó un progresivo deterioro del vínculo con las autoridades provinciales, que actualmente mantendrían un contacto limitado con la conducción portuaria.
En ámbitos vinculados con el Gobierno bonaerense se descarta, por el momento, una extensión automática de los mandatos actuales. Por el contrario, toma fuerza la posibilidad de una renovación integral del directorio una vez cumplido el plazo legal.
Ante esa perspectiva, los sectores con representación comenzaron a definir sus candidatos y a desplegar negociaciones para conservar o ampliar su participación.
La disputa podría alcanzar una intensidad particular en el sector sindical. Los gremios directamente relacionados con la actividad portuaria buscarían asegurar una representación propia y evitar que esos lugares queden en manos de organizaciones con menor vinculación cotidiana con la operatoria de Puerto Quequén.
La definición del nuevo directorio será determinante para una etapa marcada por decisiones estratégicas sobre concesiones, inversiones, infraestructura y funcionamiento institucional. También deberá resolver la situación de la presidencia y recomponer la relación entre el consorcio, los sectores representados y el Poder Ejecutivo provincial.
