El Gobierno Nacional impulsa una serie de medidas que buscan la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, una normativa diseñada para advertir a los ciudadanos sobre el exceso de azúcares, grasas y sodio en los productos alimentarios. Ante este escenario, diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su rechazo, calificando la iniciativa como un grave retroceso en materia de salud pública y transparencia informativa.

Especialistas en nutrición informaron que la ley ha permitido que los consumidores tomen decisiones más conscientes sobre su alimentación diaria. Sin embargo, desde sectores oficiales se argumenta que la normativa genera trabas comerciales y que es necesario alinear los criterios con los estándares del Mercosur para facilitar el comercio regional. “La ley vigente garantiza el derecho a una alimentación saludable y la protección de las infancias frente al marketing de productos ultraprocesados”, señalaron representantes de diversas ONG locales.

La controversia surge en un contexto donde los indicadores de enfermedades no transmisibles, como la obesidad y la diabetes, continúan siendo una preocupación central para el sistema sanitario. Diversos sectores advierten que eliminar los sellos negros de advertencia podría confundir nuevamente a la población y beneficiar exclusivamente a la industria alimentaria en detrimento de la salud colectiva. “No permitiremos que se vulneren derechos adquiridos que hoy son un ejemplo para la región”, destacaron referentes del sector sanitario.