La senadora de Fuerza Patria Malena Galmarini presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia pública en materia de salud mental y prevención del suicidio en la provincia por el plazo de dos años.
La iniciativa ingresó al Senado y apunta a fortalecer las políticas de prevención, asistencia y acompañamiento frente al crecimiento de los casos de suicidio y de los padecimientos vinculados a la salud mental.
La propuesta establece la optimización de recursos provinciales para la detección temprana de personas en situación de riesgo, el fortalecimiento de los dispositivos de atención psicológica y psiquiátrica, la articulación con municipios y organizaciones especializadas, y la implementación de campañas de concientización en escuelas, hospitales y otros ámbitos comunitarios.
Además, el proyecto crea el “Mes Provincial de Concientización sobre la Salud Mental y la Prevención del Suicidio”, que se desarrollará entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre de cada año, con actividades de sensibilización, capacitación y promoción de herramientas de prevención.
En los fundamentos de la iniciativa, Galmarini advirtió sobre el agravamiento de la problemática y sostuvo que “resulta necesario y urgente declarar la emergencia en materia de salud mental y abordaje del suicidio, fortaleciendo las políticas públicas preventivas, los dispositivos de atención y asistencia, así como la capacitación institucional en los distintos niveles”.
Asimismo, la referente del Frente Renovador señaló que el objetivo es “contar con herramientas adecuadas para la detección temprana, contención y acompañamiento de las personas en situación de riesgo”.
Según argumenta el proyecto, el suicidio constituye una de las principales causas de muerte entre adolescentes y jóvenes, mientras que las estadísticas nacionales muestran un incremento sostenido de los casos en los últimos años. En ese sentido, la iniciativa propone mejorar los mecanismos de seguimiento, coordinación institucional y acceso a la atención especializada.
La declaración de emergencia también facultaría al Poder Ejecutivo provincial a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la aplicación de las medidas previstas, así como a suscribir convenios con municipios, universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil dedicadas al abordaje de la salud mental.
