El diputado bonaerense de Unión por la Patria, Ariel Archanco, presentó un proyecto para modificar el Código Penal con el objetivo de establecer criterios más estrictos para las excarcelaciones de imputados por violencia de género. La iniciativa apunta específicamente a casos donde existan antecedentes de incumplimiento de restricciones de acercamiento y busca dotar de mayores herramientas de protección a las víctimas.
El legislador explicó que la propuesta surge tras diversos reclamos de mujeres en la ciudad de La Plata, quienes denunciaron reiteradas violaciones de las medidas perimetrales por parte de sus agresores. “Recibimos planteos de mujeres violentadas que hicieron las denuncias, los victimarios tenían la perimetral pero las seguían acosando”, señaló Archanco al fundamentar la propuesta legislativa.
El proyecto contempla la modificación de dos artículos del Código Penal para que los jueces deban evaluar de forma obligatoria ciertos criterios antes de conceder la libertad a un imputado. Entre estos factores se destacan la existencia de antecedentes de violencia previa contra la misma persona, el quebrantamiento de restricciones dictadas por la Justicia y las evaluaciones de riesgo elaboradas por equipos técnicos especializados.
Datos citados por el diputado indican que, durante el año pasado, la Justicia de la provincia de Buenos Aires registró más de 146 mil denuncias por violencia de género. De ese total, aproximadamente 18 mil casos estuvieron vinculados directamente con el incumplimiento de medidas de protección vigentes. “La Justicia recibe la denuncia, la procesa, pero después no hay un aparato que pueda contener la medida impuesta y un sistema que le garantice a la víctima la protección necesaria”, advirtió el legislador.
La norma busca unificar criterios para que los magistrados analicen exhaustivamente el peligro que representa el agresor mientras dura el proceso judicial. De avanzar en la Legislatura provincial, se establecerán nuevas condiciones para las excarcelaciones bajo este tipo de delitos, priorizando la prevención y la integridad física de las denunciantes.
