Una joven de 23 años fue brutalmente atacada por su expareja en Beccar, partido de San Isidro, pese a que ya lo había denunciado y solicitado una restricción de acercamiento. El episodio vuelve a poner en discusión hasta qué punto una medida perimetral resulta efectiva si no está acompañada por mecanismos que garanticen su cumplimiento.

El acusado, Jorge Ezequiel Carrizo, de 25 años, habría seguido a la joven cuando regresaba a la casa de su madre. Según la denuncia, la golpeó, tiró de su cabello, la arrastró y utilizó un casco para continuar agrediéndola.

La víctima había denunciado al hombre aproximadamente un mes antes por otro episodio de violencia y había solicitado una perimetral. Sin embargo, según la información conocida sobre el caso, el acusado todavía no habría sido notificado de esa restricción.

Carrizo fue detenido después del nuevo ataque y quedó a disposición de la Justicia. La familia reclama ahora que permanezca privado de su libertad.

El caso vuelve a mostrar una de las debilidades de este mecanismo: dictar una distancia de prohibición no garantiza por sí mismo la protección física de una víctima, especialmente cuando existen antecedentes de violencia y fallan la notificación, el seguimiento o la capacidad de reaccionar ante un incumplimiento.

Los antecedentes son graves. Mujeres como Aixa Dana Mili, en Tigre, y otras víctimas en distintos puntos del país habían recurrido previamente a medidas de protección antes de sufrir nuevos ataques, algunos de ellos fatales.

La pregunta, entonces, excede el caso de Beccar: ¿alcanza una perimetral para proteger a una mujer frente a un agresor dispuesto a incumplirla? La reiteración de episodios obliga a discutir no solo el dictado de estas medidas, sino también cómo se controlan y qué respuesta efectiva recibe una víctima cuando el riesgo continúa.