La Justicia bonaerense sumó un nuevo foco de tensión. La Asociación de Fiscales reclamó al Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires mayores niveles de transparencia en los concursos destinados a cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores.
El planteo apunta especialmente a la corrección de los exámenes. Según advirtieron desde la entidad, los postulantes pueden acceder a sus evaluaciones corregidas, pero no cuentan con una guía académica pública que permita comparar sus respuestas con el criterio considerado correcto por los evaluadores.
En los hechos, quienes participan de un concurso conocen la nota obtenida, pero no necesariamente los fundamentos concretos que explican esa calificación.
“Lo que estamos pidiendo es una herramienta de transparencia para el futuro. Que existan pautas objetivas y públicas que permitan comprender cómo se arriba a cada calificación”, señalaron fuentes judiciales.
Desde la Asociación de Fiscales remarcaron que el cuestionamiento no está dirigido a la complejidad de los exámenes ni a la modalidad de evaluación, sino a la falta de criterios públicos para saber cómo fueron corregidos.
El reclamo plantea que, una vez finalizada la prueba, debería difundirse una resolución modelo o una guía de corrección que permita conocer cuál era el enfoque esperado por el comité académico.
El punto es especialmente sensible porque muchos exámenes consisten en la resolución de casos prácticos complejos, donde pueden coexistir distintas interpretaciones jurídicas razonables.
“Uno puede interpretar que corresponde un homicidio criminis causa o un homicidio en ocasión de robo. Son discusiones complejas que involucran doctrina, jurisprudencia y garantías constitucionales. Pero si no conocemos cuál era el enfoque esperado por el comité académico, es muy difícil entender después una calificación”, explicaron.
La preocupación creció luego de que en distintos concursos quedaran desaprobados funcionarios judiciales de extensa trayectoria, profesores universitarios, autores de libros jurídicos y especialistas reconocidos en distintas ramas del Derecho.
“No se trata de cuestionar una nota porque sí. Se trata de conocer cuáles fueron los fundamentos académicos de esa evaluación. La transparencia evita susceptibilidades y fortalece la confianza en los concursos”, sostuvieron.
El planteo fue dirigido a Daniel Soria, actual presidente del Consejo de la Magistratura bonaerense y vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia provincial.
La discusión no es menor. El Consejo es el organismo encargado de organizar concursos, evaluar antecedentes, tomar exámenes y confeccionar las ternas de candidatos que luego son remitidas al Poder Ejecutivo. A partir de allí, el gobernador elige un postulante y envía el pliego al Senado para su aprobación.
Por eso, el debate sobre la corrección de exámenes trasciende lo técnico y se convierte en una cuestión institucional de peso: de esos concursos depende quiénes ocuparán cargos clave en la Justicia bonaerense durante los próximos años.
El reclamo se produce además en un contexto crítico para el Poder Judicial provincial. Semanas atrás, el presidente de la Suprema Corte, Sergio Torres, advirtió que existen más de 200 vacantes pendientes de cobertura en distintos fueros y departamentos judiciales.
La situación también alcanza al máximo tribunal bonaerense, que funciona con sólo tres de los siete ministros previstos por ley. Esa falta de cobertura impacta en la demora de expedientes, la sobrecarga de trabajo y el aumento de subrogancias.
En paralelo, fiscales, magistrados, defensores y trabajadores judiciales vienen planteando reclamos salariales, falta de recursos, deterioro de infraestructura y necesidad de reformas estructurales.
En ese escenario, la Asociación de Fiscales busca instalar un punto central: que los concursos para cubrir vacantes se desarrollen con reglas claras, criterios objetivos y mecanismos verificables.
La discusión, en definitiva, no se limita a una corrección de examen. Lo que está en juego es la credibilidad del sistema que define quiénes serán los futuros jueces, fiscales y defensores de la provincia de Buenos Aires.
