La administración nacional anunció que realizará inspecciones en todo el país durante la medida de fuerza convocada para este lunes. Advirtió que podría aplicar sanciones si no se cumple la cobertura mínima prevista por la legislación vigente.

En la antesala del paro docente convocado para este lunes 3 de agosto, el Gobierno nacional ratificó que fiscalizará el cumplimiento de la prestación mínima del servicio educativo, en el marco de la normativa que considera a la educación como un servicio esencial.

La decisión fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, a través del Consejo Federal de Educación y de la Secretaría de Educación, que reafirmaron la obligación de garantizar al menos el 75 por ciento de la prestación habitual del servicio durante la jornada de protesta.

Según señalaron desde la cartera nacional, el objetivo es preservar el derecho a la educación de los estudiantes y brindar previsibilidad a las familias frente a la medida de fuerza de alcance nacional.

El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, confirmó que el Gobierno desplegará controles mediante inspecciones por muestreo a través de las agencias territoriales distribuidas en todo el país.

El funcionario sostuvo que el derecho de huelga debe ejercerse respetando la legislación vigente y remarcó que los gremios deben garantizar la cobertura mínima establecida.

Además, advirtió que, en caso de verificarse incumplimientos, se iniciará el correspondiente procedimiento sancionatorio previsto por la normativa.

Cordero también señaló que, entre las eventuales consecuencias, la legislación contempla la posibilidad de avanzar con un cuestionamiento a la personería gremial de CTERA, aunque aclaró que esa sería una instancia posterior dentro del proceso administrativo.

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