La política de acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE) logró sostenerse durante 2025 pese a la fuerte reducción de recursos y a la discontinuidad de compras de insumos por parte del Gobierno nacional.
Durante el año se realizaron 87.603 interrupciones en el sistema público de 20 provincias, una cifra similar a la registrada previamente. La provincia de Buenos Aires concentró 41.446 casos, seguida por la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.
El cambio más importante se produjo en el financiamiento. Entre 2023 y 2026, el presupuesto nacional del programa de Salud Sexual y Procreación Responsable se redujo 57%, mientras Nación discontinuó la compra centralizada de medicamentos esenciales como misoprostol y mifepristona.
Ante ese escenario, 13 provincias decidieron adquirir los insumos con presupuesto propio, entre ellas Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
La red pública mantiene actualmente 1.846 establecimientos que garantizan la atención de IVE/ILE y el 70% corresponde al primer nivel sanitario. Además, nueve de cada diez procedimientos se realizan durante las primeras 12 semanas de gestación.
Así, pese al repliegue del financiamiento nacional, la respuesta de las provincias permitió mantener durante 2025 niveles de acceso al aborto legal similares a los de años anteriores.
