En medio de la polémica por el viaje a Europa realizado por el director Juan Ouwerkerk y el exconcejal Pablo Aued, el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén habría iniciado sumarios internos contra al menos cinco empleados, algunos de ellos de alta jerarquía, por la presunta difusión de una factura vinculada a los pasajes aéreos utilizados para la comitiva.
La medida habría sido ordenada por el presidente interino del ente portuario, Mariano Carrillo, con respaldo del resto del directorio, y estaría dirigida principalmente contra trabajadores del área de Contrataciones. Según trascendió, en ese marco también se habrían retirado computadoras del sector, en una intervención interna que fue calificada por algunas fuentes como una suerte de “autoallanamiento” administrativo.
El episodio suma un nuevo capítulo a la crisis política e institucional que atraviesa Puerto Quequén, todavía golpeado por las repercusiones del conflicto del transporte de granos y por la controversia que generó la ausencia de dirigentes portuarios durante uno de los momentos más sensibles para la operatoria regional.
Entre los empleados alcanzados por los sumarios estaría el contador Isaías Migueles, responsable del área de Contrataciones y con más de 20 años de trayectoria en ese cargo. Su situación generó especial preocupación puertas adentro del Consorcio, no solo por su antigüedad sino también por los antecedentes de tensión que, según versiones internas, ya existían con la actual conducción.
De acuerdo con esas mismas fuentes, Migueles habría sido destinatario de una advertencia hace poco más de un mes, cuando Carrillo y el propio Aued le habrían señalado que, si continuaba cuestionando determinados métodos de contratación y el uso de cooperativas para algunas facturaciones, podía ser sumariado y desplazado de su puesto.
La presunta factura que originó la investigación interna estaría vinculada al viaje a España y otros destinos europeos realizado por Ouwerkerk, representante de los productores primarios en el directorio, y por Aued, quien mantiene fuerte presencia política e institucional dentro del esquema portuario.
El dato que profundizó la polémica es que el documento también habría incluido pasajes a nombre de Mariano Carrillo, aunque finalmente el presidente interino no viajó. Según trascendió, su decisión de bajarse de la comitiva se habría producido a último momento, luego de recibir advertencias de funcionarios provinciales sobre la gravedad del conflicto que atravesaba el puerto por la paralización del transporte.
El viaje tomó estado público en plena crisis con los transportistas, cuando la actividad portuaria estaba afectada por la falta de acuerdo tarifario y sectores de la producción reclamaban una salida urgente. En ese contexto, la ausencia de Ouwerkerk provocó un fuerte malestar entre productores de la región, algunos de los cuales no descartan avanzar con pedidos de remoción o revisión de su representación en el directorio.
La controversia también abrió interrogantes sobre el uso de recursos del ente portuario, el criterio institucional para autorizar viajes al exterior y la oportunidad política de realizar una agenda internacional mientras Puerto Quequén enfrentaba una de las mayores tensiones operativas de los últimos meses.
Ahora, con la apertura de sumarios, el foco parece haberse trasladado desde el viaje en sí hacia la búsqueda de responsabilidades por la filtración de documentación interna. Esa decisión generó nuevas tensiones dentro del Consorcio, especialmente entre empleados que consideran que la reacción oficial apunta más a castigar la difusión del gasto que a explicar públicamente los motivos, alcances y beneficios concretos de la comitiva.
Hasta el momento, no se conoció una explicación pública detallada sobre los objetivos del viaje, los costos totales asumidos por el Consorcio, la integración completa de la delegación ni los resultados institucionales obtenidos. Tampoco hubo precisiones oficiales sobre el alcance de los sumarios ni sobre las medidas adoptadas respecto de los equipos informáticos del área involucrada.
En paralelo, el episodio vuelve a exponer el delicado momento institucional del ente portuario, que continúa sin una presidencia designada por la Provincia desde la salida de María Jimena López, situación que dejó a Carrillo en un interinato cuestionado por distintos sectores.
La combinación de acefalía política, conflicto logístico, viajes controvertidos y sumarios internos profundiza el clima de incertidumbre en torno a la conducción de Puerto Quequén, un actor estratégico para la economía regional y para el comercio exterior bonaerense.
La discusión de fondo ya no se limita a la difusión de una factura. Lo que empieza a debatirse es cómo se toman las decisiones dentro del Consorcio, quién controla el uso de los recursos, qué nivel de transparencia existe en las contrataciones y qué representación real tienen los sectores que integran el directorio.
