El exsecretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, emitió duras críticas contra el proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal del río Paraná. El especialista en Derecho Administrativo y Ambiental denunció que el pliego presenta irregularidades técnicas y jurídicas que podrían comprometer la soberanía logística bonaerense.
Uno de los puntos centrales de la advertencia reside en el impacto sobre la terminal portuaria de Quequén y otros puertos provinciales. Según Bibiloni, la profundización del dragado en el Paraná está diseñada para que los buques completen su carga antes de salir al mar. “Esa decisión desfavorece a puertos como Quequén, Bahía Blanca y Mar del Plata, porque los barcos podrán salir prácticamente completos desde el Paraná”, explicó el experto.
En materia ambiental, el exfuncionario denunció la ausencia de evaluaciones científicas previas a la concesión. Aseguró que el Estado omitió un análisis integral sobre las consecuencias de extraer millones de metros cúbicos de sedimentos. “Lo que hubo fue un simulacro de audiencia pública. Nunca existió una evaluación de impacto ambiental integral sobre la cuenca del Paraná, como exige la legislación vigente”, afirmó.
Respecto al diseño del proceso administrativo, Bibiloni fue categórico al calificar la licitación como discrecional. “Es una licitación amañada, hecha a la medida de alguien. En cincuenta años trabajando en Derecho Administrativo nunca vi una situación tan grosera”, sostuvo. Además, advirtió que el sistema de evaluación no contempla ofertas a la baja y traslada los riesgos económicos al Estado.
El conflicto ya escaló al ámbito judicial con presentaciones ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Existen denuncias penales por el presunto uso de documentación apócrifa por parte de oferentes internacionales. “Existen denuncias penales por posibles documentos apócrifos y por múltiples incumplimientos normativos que deberán ser investigados por la Justicia”, indicó el especialista.
Finalmente, se alertó sobre la extensión del contrato, que podría alcanzar los 30 años mediante prórrogas. Bibiloni manifestó su preocupación por la celeridad administrativa en contraste con los tiempos judiciales: “Si el contrato se firma y después se declara la nulidad, el Estado podría enfrentar reclamos millonarios”.
