La Provincia promulgó la norma que establece que los dispositivos digitales no deberán utilizarse durante la jornada educativa, excepto cuando exista una autorización o requerimiento del docente. Dentro del propio oficialismo surgió una discusión sobre si se trata técnicamente de una prohibición o de una regulación.

El gobierno bonaerense promulgó la ley que regula el uso de celulares y otras pantallas en las escuelas primarias y secundarias, tanto públicas como privadas, y abrió una discusión sobre el alcance concreto de la restricción.

La norma establece que los alumnos deberán realizar un uso responsable de las pantallas exclusivamente vinculado con objetivos pedagógicos.

Pero luego avanza sobre una definición más precisa: considera uso responsable “la no utilización de dispositivos digitales durante la jornada educativa, salvo requerimiento y/o autorización explícita del docente”.

En términos prácticos, la regla general será entonces que los estudiantes no utilicen el celular durante la jornada escolar, aunque los docentes podrán autorizarlo o requerirlo cuando exista una finalidad pedagógica.

¿Es una prohibición?

Ese punto generó diferencias dentro del propio oficialismo provincial.

La directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, sostuvo que la norma no establece una prohibición absoluta.

“La ley no lo prohíbe, la ley indica que tiene que ser regulado”, afirmó.

Su interpretación fue cuestionada por el senador bonaerense Emmanuel González Santalla, impulsor de la iniciativa.

El legislador sostuvo que el texto resulta suficientemente claro y que los celulares quedan prohibidos durante la jornada salvo cuando el docente autorice o requiera su utilización con fines pedagógicos.

La diferencia parece concentrarse, entonces, en cómo denominar el régimen más que en el texto aprobado: existe una restricción general de utilización con excepciones expresamente vinculadas con la intervención docente.

Alcanza a escuelas públicas y privadas

La regulación comprende los niveles primario y secundario de establecimientos estatales y privados de toda la provincia de Buenos Aires.

La promulgación obliga ahora al sistema educativo bonaerense a avanzar con su implementación y determinar cómo se aplicará en la dinámica cotidiana de cada establecimiento.

La norma no elimina las herramientas digitales del proceso educativo. Por el contrario, contempla expresamente que puedan utilizarse cuando formen parte de una actividad pedagógica indicada o autorizada por el docente.

Violencia digital y bienestar emocional

La Provincia promulgó además otras dos leyes relacionadas con problemáticas que atraviesan actualmente a las comunidades educativas.

Una es la denominada Ley Ema, destinada a promover el uso responsable de las nuevas tecnologías y prevenir situaciones de violencia digital.

La norma lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que murió luego de que un compañero difundiera sin consentimiento un video suyo.

También fue promulgada una modificación de la Ley Provincial de Educación impulsada por la diputada Luciana Padulo, que incorpora el abordaje del bienestar emocional dentro de las escuelas.

La propuesta contempla generar espacios de escucha que permitan detectar situaciones que requieran intervención o derivación profesional, sin trasladar a los docentes la responsabilidad de resolver problemáticas para las cuales no están específicamente formados.

Con las tres normas promulgadas, la Provincia incorpora así nuevas reglas frente a fenómenos que adquirieron creciente presencia dentro de las escuelas: el uso permanente de pantallas, la violencia digital y las dificultades emocionales de niños y adolescentes.