La Confederación Intercooperativa Agropecuaria volvió a poner sobre la mesa el reclamo por la eliminación de las retenciones al trigo y sostuvo que la próxima campaña fina llega condicionada por una fuerte escalada de costos derivada del conflicto en Medio Oriente.

Según un informe elaborado por el economista David Miazzo, asesor de Coninagro, producir una hectárea de trigo para el ciclo 2026/27 será, en promedio, 110,30 dólares más caro que antes del inicio de la guerra. La entidad considera que, frente a ese escenario, quitar los derechos de exportación sería una medida clave para sostener la rentabilidad y garantizar la siembra.

El trabajo sostiene que el mayor impacto se da por la suba de los fertilizantes y del combustible. En concreto, calcula un incremento de 87,40 dólares por hectárea por el encarecimiento de la urea y de 22,90 dólares por el aumento del gasoil.

De acuerdo al relevamiento, el efecto no es uniforme en todas las regiones. En el sudeste bonaerense el sobrecosto llegaría a 120,10 dólares por hectárea, mientras que en la zona núcleo integrada por el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe alcanzaría los 115,60 dólares.

Desde la entidad remarcan que el encarecimiento de los insumos está directamente vinculado a la tensión internacional, en particular por las restricciones en el Estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio mundial de fertilizantes y energía. Según el informe, el precio internacional del petróleo Brent llegó a picos de 115 dólares, con un aumento del 35%, mientras que en el mercado local el gasoil subió un 25%. A eso se suma que la urea habría registrado un salto superior al 84%.

En ese contexto, Coninagro insiste en que la herramienta inmediata para amortiguar el golpe es eliminar los derechos de exportación al trigo, que hoy se ubican en 7,5%. Con un precio FOB proyectado de 240 dólares por tonelada, esa alícuota representa una quita de 18 dólares por tonelada.

El informe calcula que, con un rendimiento promedio de 40 quintales por hectárea, la eliminación de ese impuesto le permitiría al productor recuperar 72 dólares por hectárea, es decir, cubrir alrededor del 65% del incremento de costos generado por la coyuntura internacional.

Para el Estado, la medida implicaría resignar unos 232 millones de dólares en la campaña 2026/27, considerando una exportación proyectada de 12,9 millones de toneladas. Si además se extendiera al remanente de la campaña actual, donde todavía restan declarar ventas externas por 5,5 millones de toneladas, el impacto fiscal sumaría otros 93,6 millones de dólares.

En total, el costo para el fisco rondaría los 300 millones de dólares, una cifra que desde la entidad relativizan frente al beneficio esperado sobre la producción y las exportaciones.

Coninagro sostiene que esa resignación fiscal no debería leerse como un gasto, sino como una apuesta para sostener la siembra y evitar un freno en una campaña que podría generar más de 3.000 millones de dólares en exportaciones.