Una modificación incorporada en la Ley de Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires abrió un conflicto judicial con las instituciones educativas de gestión privada.
El cambio establece que los aportes previsionales de docentes extraprogramáticos y personal no docente deberán realizarse al Instituto de Previsión Social y no a ANSES, como ocurre actualmente.
Ante esta situación, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina presentó un recurso judicial para pedir la declaración de inconstitucionalidad de la norma y medidas que resguarden la seguridad jurídica de las escuelas asociadas.
“El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones”, señalaron desde AIEPA.
Según estimaciones del sector, el eventual traspaso podría alcanzar a unos 55.000 trabajadores, entre personal auxiliar, no docente y docentes de actividades extraprogramáticas.
La entidad advirtió que la medida podría aumentar los costos laborales de las instituciones y afectar el ingreso de bolsillo de los trabajadores, ya que el aporte personal al régimen provincial sería superior al del sistema nacional.
También alertó sobre posibles consecuencias previsionales, especialmente para empleados con trayectoria laboral vinculada a ANSES, que podrían no reunir en el futuro los años necesarios para jubilarse por el régimen provincial.
El conflicto sumó otro capítulo luego de que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, promoviera una acción ante la Corte Suprema contra la provincia de Buenos Aires.
Desde AIEPA reclamaron que no se exija la implementación del traspaso hasta que exista una definición judicial o normativa que otorgue certeza al sector educativo de gestión privada.
