Los concejales de Fuerza Patria Silvia Blanco y Marcelo Rivero presentaron un proyecto para crear un procedimiento de asistencia a consumidores sobreendeudados a través de la OMIC. Sin embargo, la oficina municipal ya tiene competencias para intervenir en conflictos derivados de relaciones de consumo y atiende este tipo de reclamos.
Los concejales de Fuerza Patria Silvia Blanco y Marcelo Rivero presentaron un proyecto de ordenanza destinado a crear un “Procedimiento Administrativo de Protección y Asistencia al Consumidor Sobreendeudado” en Necochea.
La iniciativa pretende ofrecer una vía administrativa gratuita para aquellos vecinos que atraviesan dificultades para afrontar deudas originadas en relaciones de consumo y propone que el procedimiento funcione dentro de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).
Hasta allí, el objetivo parece atendible. El problema es que la OMIC ya cuenta con facultades para recibir reclamos e intervenir administrativamente en conflictos derivados de relaciones de consumo, por lo que aparece el interrogante acerca de qué herramienta nueva incorporaría concretamente la ordenanza.
De hecho, el artículo 81 de la ley provincial 13.133 ya le otorga a la oficina de Necochea dichas facultades y de hecho ya recibe habitualmente reclamos vinculados con obligaciones financieras y relaciones de consumo, dentro de las competencias que le asigna el régimen provincial de defensa del consumidor.
¿Qué cambia realmente?
El proyecto establece que quienes se encuentren imposibilitados o tengan graves dificultades para afrontar obligaciones derivadas de relaciones de consumo podrán concurrir a la OMIC y presentar la documentación correspondiente para impulsar una instancia administrativa.
Precisamente allí aparece la principal discusión: esa posibilidad no nace con esta ordenanza.
Por eso, más allá de la intención política de visibilizar el creciente problema del sobreendeudamiento familiar, durante el tratamiento en comisión debería determinarse qué facultades, procedimientos o soluciones adicionales incorpora el proyecto respecto de las herramientas que actualmente ya posee la OMIC.
La cuestión adquiere mayor relevancia porque Blanco y Rivero son abogados, por lo que resulta llamativo que la iniciativa sea presentada como la creación de una vía administrativa que, en términos generales, ya se encuentra disponible.
El proyecto pasará ahora a comisión. Allí los concejales tendrán la oportunidad de explicar cuál es la innovación jurídica concreta que pretenden introducir.
Porque si finalmente el articulado se limita a autorizar a la OMIC a intervenir en cuestiones en las que ya está habilitada para intervenir, el Concejo estaría frente a una ordenanza que, más que crear una nueva herramienta para los vecinos, volvería a disponer algo que ya está permitido.
