El empresario y ex director portuario Enrique Pérez de Contardi confirmó que la presentación se realizará en los próximos días. Cuestionó las supuestas incompatibilidades de quienes votaron la extensión por 18 meses y anticipó que solicitarán investigar posibles responsabilidades penales.
El empresario y exdirector de Puerto Quequén, Enrique Pérez de Contardi, confirmó en una nota a Radio Ciudad de Lobería que promoverá una denuncia penal contra Daniel Arce y otros exintegrantes del Directorio del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén por su intervención en la aprobación de una nueva prórroga de la concesión de Terminal Quequén S.A.
La presentación, según adelantó, está siendo preparada junto con un estudio jurídico y se concretaría durante los próximos días. El planteo estará centrado en las presuntas incompatibilidades de algunos de los directores que participaron de la votación mediante la cual se extendió por 18 meses la permanencia de la actual concesionaria.
Pérez de Contardi sostuvo que Arce intervino en la decisión mientras ocupaba simultáneamente un cargo directivo en el Consorcio portuario y se desempeñaba como director ejecutivo de Terminal Quequén S.A., la empresa beneficiada por la prórroga.
“Estamos ante un hecho absolutamente ilegal, cuyas características las determinará la Justicia”, afirmó durante una entrevista radial.
Una denuncia que alcanzaría a varios ex directores
El empresario explicó que la presentación estará dirigida principalmente contra Daniel Arce, pero también alcanzará a otros exdirectores que, según su interpretación, debieron apartarse de la votación por mantener vínculos con empresas o sectores relacionados con la concesionaria.
“Se va a pedir la nulidad y se va a pedir el procesamiento de Arce y de otros dos directores”, anticipó.
Además, planteó que deberá investigarse la actuación del resto de los integrantes del Directorio que participaron de aquella reunión. Según su postura, ante la existencia de posibles incompatibilidades, correspondía suspender el tratamiento o exigir la abstención de los representantes involucrados.
“Si siguieron adelante, pasan a ser cómplices o partícipes necesarios. Lo decidirá la Justicia, no yo”, remarcó.
Entre las figuras penales que mencionó como posibles materias de investigación incluyó el cohecho y, eventualmente, la asociación ilícita. Estas calificaciones corresponden exclusivamente a la posición expresada por el futuro denunciante y deberán ser evaluadas por la Fiscalía y la Justicia, sin que exista hasta el momento una resolución judicial sobre los hechos.
Pedirán la nulidad de la prórroga
Además de la investigación penal, Pérez de Contardi adelantó que buscarán que se declare la nulidad de la extensión otorgada a Terminal Quequén S.A.
El exdirector portuario aseguró que el acto fue aprobado gracias a votos que considera incompatibles y cuestionó que el llamado a licitación anunciado para definir el futuro de la terminal haya sido postergado reiteradamente.
“Esa prórroga es nula porque es totalmente ilegal. Así no se hacen las cosas. Si son tan buenos, que compitan”, expresó.
La terminal cerealera pertenece al Estado provincial y es administrada dentro de la jurisdicción del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Su concesión original se extendió durante aproximadamente tres décadas y, tras su vencimiento, la continuidad de la actual operadora fue autorizada mediante sucesivas prórrogas.
Para Pérez de Contardi, esa situación genera incertidumbre institucional y desalienta la participación de nuevos grupos interesados en competir por la explotación de la infraestructura pública.
La presentación se realizaría en los próximos días
El empresario aclaró que la denuncia todavía no fue presentada, pero señaló que la documentación se encuentra en su etapa final de preparación.
“Estamos ultimando el estudio jurídico y la documentación pertinente. Esperamos que la Fiscalía que intervenga tome cartas en el asunto”, indicó.
También afirmó que no buscará un resarcimiento económico, pese a considerar que podría reclamar por la denominada “pérdida de chance” debido a los gastos efectuados para preparar una propuesta empresarial que finalmente no llegó a competir.
“No busco ningún rédito económico ni indemnización. Voy por la parte institucional, para que de una vez por todas se arreglen las cuestiones en Puerto Quequén”, sostuvo.
El proyecto que quedó sin competencia
Pérez de Contardi recordó que había conformado un grupo empresario interesado en presentarse a la licitación de la terminal. Según relató, la propuesta contemplaba la participación de operadores internacionales, la recuperación del sistema ferroviario y una inversión estimada en 400 millones de dólares.
Sin embargo, aseguró que los potenciales socios se retiraron después de conocerse la nueva prórroga por 18 meses, al considerar que no existían condiciones suficientes de previsibilidad para avanzar.
El empresario también reclamó que se revisen las actas del Consorcio, las sucesivas modificaciones en la composición accionaria de la concesionaria y las autorizaciones que eventualmente se hubieran otorgado para esos movimientos.
“Hay que abrir el libro de actas del Puerto y ver qué hay. Esto puede abrir una caja de Pandora”, advirtió.
La denuncia anunciada abrirá un nuevo frente judicial alrededor de la continuidad de Terminal Quequén S.A. y pondrá bajo análisis la actuación de los exdirectores que participaron de la controvertida votación. Una vez presentada, será la Fiscalía interviniente la que deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación penal.
