La entidad pidió a la Provincia revisar la designación de Coninagro y advirtió sobre una posible concentración de intereses en el nuevo Directorio. Sin embargo, el planteo contrasta con su posición frente a situaciones anteriores vinculadas con Terminal Quequén y con un acuerdo de rotación entre rurales que no forma parte del Estatuto del Consorcio.

CARBAP cuestionó la nueva integración del Directorio de Puerto Quequén y reclamó revisar la designación de Egidio Mailland, de Coninagro, como representante de los productores primarios. La entidad sostiene que ese lugar debía corresponderle por un acuerdo de alternancia entre organizaciones rurales.

Sin embargo, ese mecanismo de rotación invocado por CARBAP no surge del Estatuto que regula la integración del Consorcio. La norma establece la representación del sector y el procedimiento institucional de selección, pero no asigna períodos sucesivos a Federación Agraria, Coninagro y CARBAP. La designación de Mailland fue realizada por la Subsecretaría de Asuntos Portuarios dentro de ese procedimiento.

El conflicto de intereses y la doble vara

CARBAP también objetó que Mailland y Pablo Santirso estén vinculados a una misma cooperativa de Coninagro que, según la entidad, tiene pendiente un permiso que deberá tratar el Directorio.

El argumento contrasta con antecedentes recientes. Hasta la renovación existieron fuertes cuestionamientos por la presencia en el Directorio de personas vinculadas con Terminal Quequén y empresas accionistas de la concesionaria (Entre las que se encuentra la propia CARBAP), mientras la terminal continuaba operando mediante prórrogas después del vencimiento de su concesión original en 2022.

Incluso la anterior composición incluía a Daniel Arce, director ejecutivo de Terminal Quequén, como representante de permisionarios y concesionarios.

A ello se agrega otra diferencia política: CARBAP había propuesto a Eugenio Cardenau, quien antes de resolverse su eventual incorporación manifestó públicamente su oposición a que recursos de Puerto Quequén fueran destinados a obras viales fuera del ámbito portuario.

La discusión, entonces, excede quién ocupa una silla. CARBAP reclama ahora pluralidad, independencia y ausencia de conflictos de interés con criterios que también corresponde confrontar con las posiciones que sostuvo —o no cuestionó— frente a la integración anterior del Puerto.