El economista Enrique Pérez Decontardi volvió a cuestionar con dureza el manejo de las concesiones en Puerto Quequén, apuntó contra las sucesivas prórrogas otorgadas a la actual terminal y denunció presuntos conflictos de interés dentro del Consorcio de Gestión.
El planteo se produjo luego de que el grupo empresario que había conformado para competir por la futura licitación resolviera desistir del proyecto, en medio de lo que definió como un escenario de falta de seguridad jurídica, reglas poco claras y desgaste institucional.
Pérez Decontardi explicó que la iniciativa comenzó hace más de dos años, con la intención de reunir productores locales, operadores internacionales especializados en logística, transporte ferroviario y comercialización de granos, para participar de una eventual licitación por la terminal.
Sin embargo, aseguró que las reiteradas demoras en la emisión del pliego y las prórrogas concedidas al actual concesionario terminaron desalentando la inversión.
“Han sido tantas las postergaciones de emitir el pliego y dar sucesivas prórrogas al actual concesionario que ya venía un desgaste grande”, afirmó.
Según sostuvo, la última extensión por 18 meses fue el punto de quiebre para los inversores que analizaban participar.
“Se observa que el estatuto, cómo funciona esto, de la forma en que funciona, es imposible ir a una licitación. Primero hay que ver si algún día la hacen y después no se puede ir a hacer una propuesta competitiva donde los que hacen el pliego y evalúan quién gana son los mismos que tienen las terminales ahí”, cuestionó.
Uno de los ejes más sensibles de su denuncia apunta a la integración del directorio del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. De acuerdo con Pérez Decontardi, habría directores con intereses directamente vinculados a la actual concesionaria, lo que a su entender debería haberlos apartado de las decisiones relacionadas con la prórroga.
“Hay tres directores de los ocho que están en esa situación”, sostuvo.
El economista aseguró que esas incompatibilidades fueron advertidas antes de que se aprobara la última extensión contractual. Por eso, consideró que el tema podría derivar en una instancia judicial.
Consultado sobre la posibilidad de avanzar con una presentación ante la Justicia, respondió: “Absolutamente, pero no es nuestra intención”.
De todos modos, advirtió: “Están comprometidos por al menos tres directores en una causa que puede llegar a ser penal”.
Pedido de intervención provincial
Pérez Decontardi también reclamó una mayor presencia del gobierno bonaerense en el control del funcionamiento del puerto.
En ese sentido, cuestionó que no exista una auditoría o veeduría provincial que revise lo ocurrido con las concesiones, las prórrogas y el rol de los directores.
“Lo que más nos llama la atención es que no haya un veedor, que no haya una auditoría por parte de la provincia a ver qué está pasando ahí”, señaló.
Y agregó: “La provincia puede bajar un auditor a ver qué está pasando, absolutamente. Entonces, es tierra de nadie”.
Para el economista, el problema no se limita a una discusión empresarial ni a una disputa entre privados, sino que involucra el manejo de un activo estratégico que pertenece a la provincia de Buenos Aires.
Un modelo mixto para la terminal
Durante la entrevista, Pérez Decontardi reveló que el grupo empresario había trabajado en una propuesta alternativa para administrar la terminal bajo un modelo de gestión mixta, con participación privada y control provincial.
La idea consistía en licitar el 49% de la operación, mientras que el 51% quedara en manos de la provincia de Buenos Aires, bajo un esquema similar al de una empresa con mayoría estatal.
“En vez del 100 por ciento, licitar el 49 y el 51 que lo tenga la provincia y hacer un modelo de gestión mixta tipo YPF”, explicó.
Según indicó, el proyecto también incluía la rehabilitación del sistema ferroviario, con el objetivo de ampliar la captación de cargas, mejorar la competitividad logística y fortalecer la posición de Puerto Quequén frente a otros puertos de la región.
El economista aclaró que su planteo no implicaba una estatización, sino un cambio en el modelo de administración.
“Acá no se trata de estatizar. Esto es de la provincia y ellos son inquilinos, pagan un alquiler. Se venció un contrato y queremos cambiar la forma”, remarcó.
Inversiones que se fueron
Uno de los puntos más fuertes del planteo fue el impacto que la falta de previsibilidad habría tenido sobre potenciales inversores extranjeros.
Pérez Decontardi aseguró que empresas internacionales que analizaban participar del proyecto terminaron retirándose frente a lo que definió como un proceso marcado por la incertidumbre, las demoras y la falta de reglas claras.
“Después de dos años de manoseo institucional, una arbitrariedad y una impunidad pocas veces vista, imagínese una empresa europea. Los accionistas dicen: ‘No, usted para ahí no va’”, expresó.
La frase expone uno de los principales cuestionamientos al actual esquema: la idea de que la inseguridad jurídica no sólo afecta una licitación puntual, sino que también deteriora la capacidad del puerto para atraer inversiones de largo plazo.
En esa línea, el economista sostuvo que las prórrogas sucesivas al actual concesionario generan un mensaje negativo para cualquier grupo que quiera competir en igualdad de condiciones.
Una discusión institucional de fondo
Para Pérez Decontardi, el problema de Puerto Quequén no puede leerse únicamente como una controversia local. A su entender, forma parte de una dinámica más amplia de funcionamiento defectuoso en los puertos autónomos.
“Yo creo que es una mala praxis que viene de los puertos autónomos de hace 30 años, la acumulación de malas praxis que nunca fueron sancionadas o corregidas y cada vez es peor”, afirmó.
Su diagnóstico apunta a un sistema que, según sostiene, permitió durante años decisiones discrecionales, falta de controles efectivos y escasa sanción frente a posibles irregularidades.
En el caso de Puerto Quequén, la discusión adquiere mayor relevancia porque involucra una terminal estratégica para la salida de granos, el vínculo con productores regionales, la captación de cargas y el desarrollo logístico del sudeste bonaerense.
La denuncia también vuelve a poner sobre la mesa un tema que ya genera ruido político e institucional: la necesidad de definir reglas claras para la futura concesión y garantizar que quienes integran los órganos de decisión no tengan intereses directos en las empresas alcanzadas por esas resoluciones.
Puerto Quequén ante una definición clave
El trasfondo de la discusión es el futuro de la terminal y el modelo de explotación que adoptará Puerto Quequén en los próximos años.
Mientras la actual concesionaria continúa operando bajo prórrogas, sectores interesados en competir advierten que ese esquema desalienta inversiones, impide planificar obras de fondo y limita la posibilidad de una verdadera competencia.
La crítica de Pérez Decontardi se suma a los cuestionamientos por la demora del pliego, la falta de definiciones sobre la licitación y el rol que deberían cumplir la provincia y el propio consorcio en el control del proceso.
El economista insistió en que la salida no pasa por cerrar el puerto ni por estatizar la actividad, sino por rediseñar el esquema de concesión, recuperar control institucional y abrir una competencia transparente.
Su denuncia deja planteada una pregunta central: si Puerto Quequén quiere atraer inversiones nacionales e internacionales, necesita antes resolver su problema de confianza.
Y para eso, según su mirada, el primer paso es claro: auditoría, reglas transparentes y directores sin conflictos de interés en la mesa donde se decide el futuro del puerto.
