La discusión sobre un nuevo esquema para el mantenimiento de caminos rurales comenzó a tomar fuerza en distintos municipios bonaerenses, como Cañuelas, Azul y 9 de Julio, donde se analiza que productores agropecuarios puedan organizarse para financiar y ejecutar obras de infraestructura vial.

Frente a esa iniciativa, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires expresó su respaldo, aunque remarcó que cualquier intervención debe contar con proyectos elaborados y dirigidos por ingenieros matriculados.

El presidente de la entidad, Jorge O. Castellano, sostuvo que la participación privada puede representar una alternativa frente a la escasez de recursos públicos, pero advirtió que “el voluntarismo no puede reemplazar al conocimiento técnico”.

Desde la institución señalaron que modificar cunetas, pendientes o perfiles de un camino sin los estudios correspondientes puede alterar el escurrimiento natural del agua y generar perjuicios tanto en el establecimiento donde se ejecuta la obra como en campos vecinos.

En ese sentido, explicaron que cada camino rural presenta características diferentes según el tipo de producción, el tránsito previsto, las condiciones del suelo y el comportamiento de las cuencas hídricas, por lo que requiere un proyecto específico.

El Colegio recordó además que la Ordenanza General 165/73 establece la obligación de realizar estudios previos, elaborar proyectos técnicos, contar con dirección profesional y obtener las autorizaciones correspondientes antes de iniciar cualquier obra.

Castellano también cuestionó las prácticas tradicionales de mantenimiento basadas únicamente en el paso de la motoniveladora, al considerar que generan soluciones temporarias e incluso pueden agravar problemas hidráulicos.

Según indicó, los caminos rurales deben formar parte de una planificación integral que contemple la calidad constructiva, el mantenimiento futuro y la durabilidad de las intervenciones.

La advertencia también estuvo dirigida a los municipios, responsables de autorizar este tipo de trabajos. Desde el Colegio sostuvieron que la participación privada puede ser una herramienta valiosa para ampliar las inversiones, siempre que las autoridades exijan el cumplimiento de la normativa y la intervención de profesionales habilitados.

Finalmente, remarcaron que el financiamiento privado puede transformarse en una oportunidad para liberar recursos públicos y destinarlos a zonas con menores posibilidades económicas, aunque insistieron en que el éxito del modelo dependerá de combinar inversión, planificación técnica y cumplimiento del marco legal vigente.