La concesión del elevador de Puerto Quequén volvió a quedar en el centro de la escena política y portuaria luego de que el Directorio del Consorcio de Gestión aprobara una nueva extensión contractual por 18 meses a favor de Terminal Quequén, en una votación atravesada por fuertes cuestionamientos por presuntos conflictos de intereses y por el malestar del gobierno bonaerense.
La decisión implica que la actual concesionaria mantendrá la operación más allá del mandato del gobernador Axel Kicillof, en medio de una discusión de fondo que lleva años sin resolverse: la confección de un nuevo pliego licitatorio para definir el futuro del elevador de granos.
El resultado de la votación generó un fuerte impacto en los despachos provinciales, donde la medida fue interpretada como un desafío directo a la posición que venía sosteniendo el área portuaria bonaerense. La Provincia pretendía una prórroga mucho más breve, de solo seis meses, atada al compromiso de avanzar con una licitación.
Sin embargo, el sector vinculado a la exportación y a la actual terminal logró imponer una extensión de 18 meses.
Uno de los puntos más sensibles fue la participación en la votación de dirigentes con vínculos directos con la concesionaria. Entre ellos aparece Daniel Arce, director de Terminal Quequén y, al mismo tiempo, integrante del Directorio del Consorcio, situación que desde distintos sectores vienen señalando como un evidente conflicto de intereses.
También se cuestionó el voto del representante de la exportación, vinculado al principal accionista de la terminal, además del acompañamiento de otros representantes del sector privado.
La votación contó incluso con el respaldo de uno de los representantes gremiales, perteneciente al gremio de Dragado, conducido a nivel nacional por Juan Carlos Smith, dirigente de origen massista.
El presidente interino del Consorcio, Mariano Carrillo, votó en contra de la prórroga de 18 meses, aunque eso no alcanzó para impedir la aprobación. En ámbitos provinciales, sin embargo, también circuló malestar por su rol previo a la votación, ya que le atribuyen haber buscado apoyos gremiales locales para viabilizar la extensión.
La tensión es mayor porque Carrillo habría tenido una instrucción expresa de las autoridades provinciales para impedir una prórroga de esas características. El resultado final, por el contrario, terminó fortaleciendo la posición de la actual concesionaria.
Desde hace años, el futuro del elevador de Quequén está marcado por la falta de definición. La concesión original venció, las prórrogas se sucedieron y el nuevo pliego licitatorio nunca terminó de avanzar. Para los sectores críticos, ese vacío administrativo favorece a la actual operadora y posterga una discusión estratégica sobre el modelo de explotación portuaria.
En ese contexto, la nueva extensión es leída como un paso clave dentro de una estrategia más amplia: sostener el control operativo hasta un eventual cambio de escenario político provincial y luego intentar una adjudicación directa o una continuidad de largo plazo sin competencia abierta.
La situación también quedó cruzada por el clima electoral. En ámbitos portuarios se mencionó un encuentro previo entre directivos del sector exportador y Diego Santilli, posible candidato a gobernador por el armado LLA-PRO, como un dato político que habría reforzado la decisión de avanzar con una prórroga que exceda el actual mandato de Kicillof.
La Provincia, en tanto, recibió la votación como un “punto de no retorno”. En los despachos bonaerenses aseguran que la decisión no pasará inadvertida y que se analizarán medidas administrativas y políticas frente a lo ocurrido.
El episodio vuelve a dejar expuesta una situación institucional delicada: el principal activo operativo del puerto continúa sin licitación, el Directorio aparece atravesado por intereses sectoriales contrapuestos y la Provincia sigue sin designar un representante pleno que ordene políticamente el funcionamiento del Consorcio.
La discusión excede a Terminal Quequén. Lo que está en juego es quién define el futuro de una infraestructura estratégica para el comercio exterior, bajo qué reglas se explota y si el puerto avanzará hacia un proceso competitivo o seguirá administrando prórrogas que consolidan a los mismos actores.
