El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un aumento del 3,5% en los aranceles de los colegios privados con subvención estatal que regirá a partir de mayo. La resolución fue confirmada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), en respuesta al incremento de los costos operativos del sector.

Con este nuevo esquema, las escuelas primarias que reciben el 100% de subsidio podrán cobrar hasta 34.030 pesos, mientras que aquellas que cuentan con un 40% de aporte estatal tendrán un tope de 153.860 pesos. En el nivel secundario, los valores máximos oscilarán entre los 37.520 y los 199.920 pesos, dependiendo del grado de asistencia estatal.

Para las modalidades técnica, agraria y artística, los montos autorizados parten desde los 43.250 pesos hasta alcanzar los 228.800 pesos. En el nivel superior, las cuotas se ubicarán en una banda que va desde los 49.020 hasta los 195.280 pesos. La entidad aclaró que los valores informados corresponden a los topes máximos autorizados dentro de las bandas arancelarias vigentes, por lo que cada institución puede cobrar montos menores según su estructura de costos.

En el distrito de Necochea, que incluye también a Quequén, el sistema de enseñanza privada representa una porción relevante de la matrícula total. De los 33.357 estudiantes registrados en el distrito, 6.424 asisten a alguno de los 36 establecimientos de gestión privada. El impacto es particularmente alto en los niveles inicial y primario, donde la matrícula privada alcanza el 27% y 29% respectivamente.

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, manifestó que “con los ajustes autorizados se intenta afrontar los costos cada vez mayores del funcionamiento de los establecimientos”. No obstante, advirtió sobre un desfasaje financiero, señalando que “el aumento salarial docente acumulado desde diciembre alcanzó el 17,6%, mientras que el traslado a las cuotas fue del 13,5%”.

Desde el sector gremial patronal indicaron que las gestiones con el Ejecutivo provincial continúan para evitar el cierre de cursos o la reducción de servicios educativos. Asimismo, se recordó que las instituciones deben informar detalladamente en las facturas el porcentaje de subvención recibido de manera que las familias tengan claridad sobre la composición del arancel.