Una nueva controversia sacude a Puerto Quequén luego de que trascendiera la existencia de una iniciativa privada para la concesión del elevador de la ex Junta Nacional de Granos, actualmente explotado por Terminal Quequén S.A. mediante sucesivas prórrogas provisorias.
Según versiones vinculadas al ámbito portuario, un importante grupo empresario habría presentado una propuesta con inversiones superiores a los 200 millones de dólares, que incluiría el desarrollo de un complejo industrial y la reactivación del tren de cargas.
Esta presentación se habría realizado como una Iniciativa Privada por parte de un importante estudio jurídico.
Sin embargo, la iniciativa no habría avanzado en los circuitos técnicos ni llegado formalmente al conocimiento del Directorio del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. En ese marco, se cuestiona el rol de Pablo Aued, a quien señalan por haber mantenido el expediente sin tramitación efectiva.
La falta de tratamiento de la propuesta habría allanado el camino para una nueva prórroga de 18 meses a favor de Terminal Quequén S.A., firma que opera la terminal pese a tener el contrato vencido desde hace más de cuatro años.
El episodio se suma a otros cuestionamientos por la demora en avanzar con un proceso licitatorio abierto, reclamado desde hace años por distintos sectores interesados en competir por la explotación del principal activo operativo del puerto.
En paralelo, crecen las versiones sobre posibles cartas documento a directores y funcionarios, además de eventuales denuncias judiciales por la falta de tramitación de iniciativas privadas y por el manejo institucional del proceso.
La situación expone nuevamente la crisis de conducción del ente portuario, atravesado por la demora provincial en designar un presidente con plenas facultades legales y por el fuerte peso del sector privado dentro del Directorio.
El futuro de Terminal Quequén vuelve así al centro de una disputa estratégica: licitación abierta, continuidad por prórrogas o consolidación de un esquema que sus críticos describen como una virtual privatización de hecho del segundo puerto más importante de la Provincia.
