En la justicia federal de Necochea ingresó una nueva denuncia judicial contra Daniel Arce, Mariano Carrillo y otros ex integrantes del Directorio del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, por presuntas irregularidades vinculadas con la concesión del elevador de la ex Junta Nacional de Granos, contrataciones y decisiones adoptadas dentro del ente portuario.
La presentación alcanza inicialmente a Mariano Daniel Carrillo, Daniel Ignacio Arce, Gustavo Gavilán, Alejandro Pedro Gallego, Juan Carlos Peralta, Juan Cruz Lucero y Carlos Alberto Bianco, sin perjuicio de otras responsabilidades que eventualmente pudieran surgir de la investigación.
El escrito propone investigar posibles delitos de administración fraudulenta, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras figuras. Se trata, por el momento, de hipótesis denunciadas que deberán ser comprobadas judicialmente.
Las prórrogas del Elevador, bajo la lupa
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la concesión del Elevador Terminal, cuyo contrato original venció en noviembre de 2022.
La denuncia pide investigar las sucesivas extensiones otorgadas posteriormente, incluida la última hasta noviembre de 2027, y determinar por qué no se concluyó un procedimiento competitivo para seleccionar al futuro concesionario.
También reclama establecer cuáles fueron las condiciones económicas de esas prórrogas, sus fundamentos y quiénes intervinieron en las decisiones.
Presuntos conflictos de intereses
Otro capítulo apunta a posibles conflictos de intereses.
En particular, se solicita investigar la actuación de Daniel Arce dentro del Directorio y determinar si intervino en decisiones relacionadas con Terminal Quequén mientras mantenía una vinculación con esa empresa.
También se pide analizar la relación de Alejandro Gallego con compañías vinculadas con la concesionaria.
La propia presentación reconoce que esas circunstancias, por sí mismas, no acreditan responsabilidad penal, por lo que reclama profundizar la investigación sobre firmas, intervenciones y votaciones.
El deterioro del Elevador
La denuncia incorpora además el estado de las instalaciones y la falla registrada en el silo Nº 1 el 27 de enero de 2026.
Se solicita determinar si existieron incumplimientos en mantenimiento e inversiones, si los controles del Consorcio fueron suficientes y si el ente portuario terminó afrontando reparaciones que contractualmente correspondían a la concesionaria.
La hipótesis planteada es que un eventual deterioro de las instalaciones pudo evitar costos a la empresa y posteriormente utilizarse como argumento para justificar nuevas extensiones contractuales.
También cuestionan la gestión de Carrillo
Respecto de Mariano Carrillo, la presentación pide revisar la regularidad de su designación como presidente interino, las atribuciones que ejerció y la eventual acumulación de funciones gerenciales.
También reclama analizar la creación de coordinaciones, adicionales salariales, contrataciones directas, consultorías, obras, remuneraciones y otros gastos realizados durante el período investigado.
La denuncia fue impulsada por De Gregorio, quien señala haber realizado previamente numerosos reclamos administrativos y actuar en representación de Grupo Christophersen S.A., empresa interesada en competir por la explotación del Elevador.
Piden el allanmiento del Consorcio
Entre las medidas solicitadas figuran la preservación y entrega de documentación, pericias contables, técnicas e informáticas y declaraciones testimoniales. También se plantea recurrir a allanamientos y secuestro de documentación si existiera riesgo para la conservación de las pruebas.
