La salida de Manuel Adorni de la vocería oficial ha generado una fuerte repercusión en el arco político y social, derivando en un pedido concreto: su dimisión como integrante del directorio de YPF. El planteo surge bajo la premisa de que su permanencia en la empresa energética, tras haber cesado en sus funciones principales dentro del Poder Ejecutivo, carece de sustento técnico y político.

“Exigimos que Adorni renuncie también a su cargo en el directorio de YPF”, expresaron diversos referentes que cuestionan la acumulación de cargos públicos y las remuneraciones asociadas a estos puestos en empresas con participación estatal. La controversia se centra en la idoneidad y la necesidad de mantener a exfuncionarios de la comunicación oficial en la toma de decisiones de la petrolera nacional.

Desde distintos sectores sostienen que la posición de Adorni en YPF fue una extensión de su rol político cercano al presidente Javier Milei. Al modificarse su estatus dentro del organigrama estatal, consideran que lo más prudente en términos éticos es liberar la silla en el directorio para que sea ocupada por profesionales con perfil técnico específico en el área de hidrocarburos.

“No hay motivos para que siga percibiendo un sueldo de la petrolera si ya no cumple funciones de peso en el gobierno”, señalaron fuentes vinculadas al reclamo. Este movimiento se da en un contexto de revisión de gastos públicos y nombramientos en organismos del Estado, donde la mirada social sobre los ingresos de los funcionarios es cada vez más estricta.