La causa judicial por el fallecimiento de Lucía Ermiaga, tras un incidente vial el pasado 1º de mayo en Lobería, presenta un escenario de conflicto entre las calificaciones legales solicitadas. El abogado defensor Martín de la Canal brindó detalles sobre la situación procesal de Gonzalo Frascuelli, quien permanece detenido desde el día del hecho bajo la imputación de homicidio culposo agravado por conducción temeraria.

Desde la defensa se ha manifestado una firme oposición al pedido de la querella, que busca elevar la carátula a dolo eventual, figura que contempla penas de entre 8 y 25 años. “El dolo eventual tiene la misma pena que el homicidio simple”, recordó el letrado, diferenciándolo de la calificación actual que prevé un máximo de 5 años de prisión.

Segun De la Canal, la investigación ha descartado la hipótesis de que el acusado estuviera participando de una competencia de velocidad. “Ya está acreditado que no existió ningún tipo de picada ni competencia”, afirmó, basándose en los elementos incorporados al expediente hasta el momento.

La estrategia técnica de la defensa también pone el foco en factores concurrentes al momento de la colisión. El abogado sostuvo que su defendido circulaba con prioridad de paso por la derecha y que el examen toxicológico de alcohol resultó negativo para Frascuelli. En contraste, señaló que la víctima habría consumido alcohol previamente y que el vehículo no contaba con la revisión técnica vigente. “Tenemos prueba contundente de que había consumido cerveza y fernet inmediatamente antes del accidente”, indicó el defensor.

En cuanto a la situación de seguridad, De la Canal advirtió sobre un clima de hostilidad en la localidad de origen del hecho. “No están dadas las condiciones para que Gonzalo vuelva a Lobería”, expresó en relación a denuncias por amenazas y manifestaciones en redes sociales dirigidas tanto al imputado como a su círculo familiar.

Actualmente, la defensa espera la resolución de una apelación tras habérsele denegado la excarcelación en primera instancia. El proceso judicial continuará con la evaluación de las pruebas periciales para determinar el grado de responsabilidad de las partes involucradas en el siniestro.