Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma con más de 20 años de trabajo en la Estación Experimental Balcarce, enfrenta un sumario administrativo relacionado con su participación en un proyecto internacional que estudió residuos de plaguicidas en personas, animales y el ambiente. Su defensa advierte que el procedimiento podría terminar en una exoneración, mientras APINTA salió públicamente a respaldarla.
La situación de Virginia Aparicio, investigadora del INTA y el Conicet en la Estación Experimental Balcarce, escaló con la apertura de un sumario administrativo que, según su defensa, podría derivar en la aplicación de la sanción más grave prevista dentro del empleo público nacional.
Aparicio es ingeniera agrónoma y lleva más de 20 años trabajando en la Estación Experimental Balcarce. El expediente está relacionado con su actuación como coordinadora argentina del Proyecto SPRINT, una investigación internacional destinada a estudiar la presencia de residuos de plaguicidas y sus posibles implicancias sobre la salud y el ambiente.
Su abogado, Mario Bolla, explicó que entre las consecuencias posibles del procedimiento se encuentra la exoneración, que implicaría la pérdida del cargo y restricciones para volver a ingresar a organismos estatales.
Por el momento se trata de un sumario administrativo en trámite y no de una sanción ya resuelta.
Qué investigaba el Proyecto SPRINT
SPRINT comenzó en septiembre de 2020 dentro del programa Horizon 2020 de la Unión Europea, con Argentina como único país participante por fuera de la Unión Europea.
En el capítulo argentino participaron 73 personas provenientes de ciudades, pueblos y establecimientos agropecuarios.
La investigación tomó muestras de diferentes características para determinar la presencia de plaguicidas. Los análisis comprendieron suelo, sangre, materia fecal, orina e hisopados nasales, entre otros materiales.
Aparicio explicó que los estudios permitieron detectar distintos compuestos, aunque realizó una aclaración importante sobre el alcance de esos resultados: encontrar residuos de un plaguicida no demuestra por sí mismo la existencia de un daño sobre la salud.
La investigadora sostiene, sin embargo, que conocer los niveles de exposición resulta necesario para evaluar la situación y eventualmente modificar determinadas prácticas.
La difusión de los resultados, en el centro del conflicto
El conflicto se remonta a 2023, cuando se impidió la difusión de las mediciones y quedó suspendido un encuentro que estaba previsto para comunicar los resultados a quienes habían participado del estudio.
En diciembre de ese mismo año, el INTA se retiró del proyecto.
Según el relato de Aparicio, hacia finales de 2024 comenzaron consultas internas relacionadas con las funciones que había desempeñado dentro de SPRINT y, a comienzos de 2025, fue convocada a declarar.
Su defensa sostiene que el sumario contiene ocho hechos imputados, entre ellos un supuesto perjuicio material grave para la administración pública.
Será el procedimiento administrativo el que deberá determinar la existencia de eventuales responsabilidades y, en su caso, qué sanción corresponde.
APINTA salió en defensa de Aparicio
La situación provocó la intervención de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), que respaldó públicamente a la investigadora.
El gremio reclama que la actividad científica pueda desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional y cuestiona las restricciones impuestas sobre la comunicación de los resultados.
Además, puso en marcha una campaña de firmas en apoyo a Aparicio.
El caso vuelve a colocar en discusión dos cuestiones que atraviesan esta investigación desde hace años: qué revelaron los estudios sobre la exposición a plaguicidas y cuáles fueron las razones para impedir inicialmente la difusión de sus resultados.
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