El proyecto impulsado por el Gobierno nacional avanzó en el Senado y encendió las alarmas en la Costa Atlántica. Desde el sindicato de trabajadores del gas advierten que la Costa Atlántica podría dejar de tener el descuento general en la tarifa, mientras sus usuarios continuarían aportando al fondo que financia el régimen.
Un proyecto impulsado por el Gobierno nacional propone modificar el sistema vigente y podría dejar a la ciudad sin el beneficio territorial incorporado en 2021.
La iniciativa ya obtuvo dictamen favorable en comisiones del Senado y quedó en condiciones de avanzar hacia su tratamiento en el recinto.
El cambio alcanzaría a las localidades incorporadas mediante la ampliación de la Ley 27.637, entre ellas Necochea. En lugar de mantener una bonificación general determinada por las condiciones climáticas de cada región, el nuevo esquema concentraría la asistencia en hogares considerados económicamente vulnerables.
El punto más cuestionado: seguirían pagando
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (STIGAS) advirtieron sobre una particularidad del proyecto: aunque Necochea pudiera perder el beneficio general, los usuarios continuarían aportando al fondo utilizado para financiar los subsidios.
Ese fondo se sostiene mediante un recargo aplicado sobre el precio del gas que alcanza a los consumos del país.
El secretario general de STIGAS Costa Atlántica, Ezequiel Serra, cuestionó que pueda eliminarse el beneficio territorial sin suprimir simultáneamente ese aporte.
“Pretenden transformar un derecho colectivo, reconocido por las condiciones climáticas de nuestra región, en una ayuda condicionada.” sostuvo.
Qué propone el nuevo esquema
La modificación mantendría el régimen territorial para la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras cambiaría las condiciones para las localidades incorporadas durante la ampliación de 2021.
En esos distritos, el acceso a las bonificaciones pasaría a depender de criterios económicos y patrimoniales de cada hogar, en lugar de alcanzar de manera general a los usuarios residenciales por su ubicación geográfica.
El Gobierno nacional sostiene que la modificación apunta a focalizar los subsidios en quienes tienen mayores necesidades económicas.
STIGAS plantea, en cambio, que las condiciones climáticas que justificaron la incorporación de la Costa Atlántica al régimen no cambiaron y advierte que la modificación podría tener un impacto especialmente importante durante los meses de mayor consumo.
“La Costa Atlántica es Zona Fría y vamos a defender este derecho. Todavía no es ley y todavía estamos a tiempo de impedirlo”, afirmó Serra.
El proyecto deberá ahora continuar su tratamiento legislativo. Hasta que ese proceso concluya, el régimen vigente continúa aplicándose.
