Una investigación judicial permitió desarticular una organización que operaba desde tres unidades penitenciarias bonaerenses, desde donde presos realizaban miles de llamadas con intentos de estafa, extorsiones y distintas modalidades del denominado “cuento del tío”.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Mariano Moyano y derivó en procedimientos realizados por personal de la DDI en las unidades penitenciarias Nº 1 de Olmos y Nº 44 y Nº 15 de Batán.
Durante los operativos fueron detenidos Franco Miguel, Jonathan Villalba y Alejandro Rosales, mientras otras dos personas resultaron aprehendidas. También se secuestraron ocho teléfonos celulares, troqueles de chips y anotaciones consideradas de interés para la causa.
Más de 10.000 llamadas en pocos meses
La magnitud de la operatoria quedó reflejada en los registros telefónicos.
Entre el 4 de junio y el 8 de julio se detectaron 5.058 llamadas realizadas desde el Penal de Olmos hacia números de distintas regiones del país. Entre el 4 de agosto y el 8 de octubre se contabilizaron otras 5.283 comunicaciones.
En total, son 10.341 llamadas en los períodos investigados.
Una de las modalidades consistía en hacerse pasar por policías y comunicar a la víctima que un familiar había sido detenido después de atropellar a una mujer embarazada. Para conseguir su supuesta liberación exigían el pago de una fianza.
En otros casos simulaban ser hijos o sobrinos y planteaban la necesidad urgente de cambiar billetes de dólares ante un supuesto anuncio presidencial.
El fiscal pidió prohibir los celulares en las cárceles
Tras los resultados de la investigación, Moyano volvió a cuestionar la utilización de teléfonos celulares por parte de personas alojadas en establecimientos penitenciarios.
El fiscal sostuvo que las pruebas reunidas demuestran la necesidad de adoptar medidas para impedir que desde las cárceles puedan planificarse y ejecutarse estafas, defraudaciones informáticas, extorsiones, coacciones y robos.
La investigación continuará ahora para establecer el alcance completo de la organización, determinar la participación atribuida a cada acusado y establecer si existen otras víctimas de las maniobras investigadas.
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