El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Carolina Aparicio, investigadora de la Unidad Integrada Balcarce que coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT, dedicado a estudiar la presencia de residuos de agroquímicos en el ambiente y en muestras biológicas humanas.
La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo mediante la Resolución 366 y constituye la sanción más grave prevista dentro del régimen de empleo público nacional, ya que implica su desvinculación del organismo.
La medida pone fin a un sumario administrativo iniciado en diciembre de 2023 y alcanza a una investigadora cuyo trabajo adquirió relevancia por los estudios sobre exposición a productos fitosanitarios.
Sin embargo, corresponde hacer una distinción central: la resolución no fundamenta la exoneración en los resultados científicos obtenidos por Aparicio, ni específicamente en sus investigaciones relacionadas con el glifosato.
Los argumentos formales del INTA se concentran en presuntas irregularidades administrativas vinculadas con la ejecución del proyecto SPRINT.
Qué le cuestiona el INTA
Uno de los principales puntos está relacionado con la participación de José Luis Costa, investigador retirado del organismo y conviviente de Aparicio.
Según la resolución, la investigadora habría utilizado sus atribuciones como coordinadora para permitirle una participación y acceso a información del proyecto sin la correspondiente autorización institucional y sin exteriorizar suficientemente el posible conflicto de intereses.
El segundo eje está relacionado con la administración de los fondos europeos recibidos para desarrollar la investigación.
La documentación consigna ingresos por $5.661.483,83 y egresos por $5.527.359,58, con un saldo de $134.124,25.
Entre los gastos analizados aparece un pago de $1.688.445,82 efectuado en julio de 2022 para el envío de muestras a los Países Bajos.
Pero la propia resolución incorpora una aclaración significativa: esos movimientos contables no permiten establecer por sí mismos la existencia de un perjuicio fiscal, cuya existencia y cuantía no fueron determinadas dentro del procedimiento.
Una sanción que abre una fuerte controversia
La exoneración adquiere una dimensión particular por el perfil científico de Aparicio y por el contenido del proyecto que coordinó.
SPRINT investigó la presencia de residuos de productos fitosanitarios en el ambiente y en organismos humanos, una problemática especialmente sensible en las regiones agrícolas.
Por eso, el título “El glifosato pudo más” expresa el interrogante que inevitablemente rodeará la decisión, pero no puede presentarse como una conclusión acreditada.
Con la información disponible, no está demostrado que Aparicio haya sido exonerada por sus investigaciones sobre agroquímicos. Formalmente, el INTA atribuye la máxima sanción a irregularidades administrativas relacionadas con la participación de su conviviente y con aspectos de la gestión del proyecto.
La controversia queda planteada precisamente allí: si la exoneración responde exclusivamente a esas razones administrativas o si el conflicto terminará revelando un trasfondo relacionado con las investigaciones que Aparicio desarrolló sobre la exposición a agroquímicos.
