La crisis de Supermercados Toledo continúa profundizándose y los gremios reclamaron ahora la intervención de los municipios de General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado para intentar garantizar la continuidad de la empresa y preservar alrededor de 1.500 puestos de trabajo.

La situación lleva más de dos meses de audiencias ante el Ministerio de Trabajo bonaerense sin que, según los representantes sindicales, la compañía haya presentado un plan de negocios que permita conocer cómo continuará funcionando.

La preocupación está centrada especialmente en la continuidad laboral y el pago de los salarios, que vienen siendo abonados parcialmente y en cuotas.

Los gremios reclamaron además que el propietario de la cadena se presente personalmente en la próxima audiencia para explicar la situación y las perspectivas de la empresa.

Salarios, aportes y problemas operativos

El conflicto comprende diferentes aspectos.

Además de los atrasos salariales, los representantes de los trabajadores denunciaron incumplimientos en aportes previsionales y contribuciones a la obra social.

También incorporaron documentación sobre el estado edilicio y las condiciones operativas de distintos establecimientos.

Toledo cuenta con más de 40 sucursales y atraviesa desde hace años dificultades financieras. En los últimos meses comenzó además a desprenderse de algunos establecimientos.

La situación tiene un antecedente cercano para la región: la sucursal de Tres Arroyos se encuentra en proceso de negociación para la venta de su fondo de comercio, con tratativas que contemplarían la continuidad de los trabajadores y el reconocimiento de su antigüedad.

Los gremios advierten sobre nuevas medidas

La mesa sindical dejó abierta la posibilidad de adoptar medidas de fuerza si la empresa no completa el pago de los salarios correspondientes a octubre.

El reclamo para incorporar a los tres municipios busca ampliar la negociación ante el temor de que un agravamiento de la crisis termine provocando cierres o despidos.

La preocupación excede a los empleados directos. Una eventual reducción significativa de las operaciones podría alcanzar también a proveedores y otras actividades comerciales vinculadas con una cadena que mantiene una fuerte presencia en la región.

Por ahora, el conflicto continúa abierto y la principal incógnita es si la empresa presentará finalmente una propuesta que permita sostener las sucursales y los aproximadamente 1.500 puestos de trabajo involucrados.