Diversas entidades rurales del sudeste de la provincia de Buenos Aires emitieron un comunicado conjunto para exigir la intervención del Gobierno provincial y de la Justicia. El objetivo es destrabar el conflicto que mantiene afectada la logística de transporte de granos y la operatoria habitual en el Puerto de Quequén, situación que ya se extiende por casi veintiún días.
Las organizaciones del sector solicitaron “normalizar el movimiento portuario en Quequén y el desarrollo comercial de la cosecha de granos gruesos”. Según advierten, la protesta está generando severas demoras en la entrega de mercadería, lo que impacta de manera directa en la cadena de suministros durante el periodo más intenso de la campaña agrícola.
El informe técnico detalla que existen aproximadamente 17 buques en rada aguardando carga. Esta inactividad genera costos diarios elevados, lo que ha provocado que algunos cargamentos sean redireccionados hacia otras terminales marítimas del país o incluso hacia puertos internacionales. Estimaciones del sector indican que las pérdidas económicas podrían alcanzar los 450 millones de dólares.
Desde la Sociedad Rural de Necochea y el resto de las entidades firmantes, subrayaron que este escenario es crítico debido a que la producción regional ya enfrentaba dificultades por la sequía estival y las recientes lluvias que entorpecen la cosecha. “¿Quién pagará las consecuencias del cuello de botella? Los productores, con menos precio”, manifestaron en el documento.
Ante el encarecimiento de los fletes por el desvío de granos hacia puertos como Bahía Blanca, los productores insistieron en que es necesaria la mediación estatal. “Esperamos la intervención de la Gobernación para resolver con la mayor celeridad posible esta situación”, señalaron, recordando que la administración de la terminal portuaria local es de jurisdicción provincial.
El pronunciamiento cuenta con el respaldo de las sociedades rurales de Ayacucho, Mar Chiquita, Lobería, Tandil, Balcarce, San Cayetano y Benito Juárez, entre otras dieciséis asociaciones. Si bien expresaron comprender las dificultades de los transportistas, instaron a los acopios y cooperativas a trabajar en esquemas de mayor transparencia tarifaria para evitar que el conflicto continúe erosionando la economía regional.
