“La empresa local no se presentó en ninguno de los llamados, por ende no tiene las aptitudes para cumplir un pliego básico. Nunca nos comunicó formalmente que quiere continuar con el servicio”, indicó el edil.
La crisis del sistema de transporte de pasajeros en Necochea sumó un nuevo episodio de tensión política tras confirmarse que el segundo llamado a licitación pública no recibió ninguna oferta. Ante esta situación, la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, encabezada por Julián Kristiansen, analizó el escenario actual y decidió mantener en revisión el proyecto de emergencia propuesto por el bloque Fuerza Patria.
El concejal Marcelo “Chelo” Rivero impulsaba declarar la emergencia por un plazo de 120 días para asegurar la continuidad de las líneas urbanas. No obstante, la iniciativa no obtuvo consenso para ser tratada en la próxima sesión legislativa. Los bloques opositores y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) manifestaron reparos ante la posibilidad de que esta medida extraordinaria derive en una reducción de las exigencias contractuales para beneficiar a la actual prestataria sin garantizar mejoras en el servicio.
Durante la reunión de comisión, el representante de la UTA, Gastón Urrutia, fue contundente respecto a la posición del gremio: “Desde UTA entendemos perfectamente que el Municipio tiene que encontrar una solución para garantizar la continuidad del transporte público. No venimos a poner obstáculos ni a generar un conflicto político. Queremos que haya transporte y que haya continuidad laboral”. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de flexibilizar los pliegos: “No podemos aceptar que la única alternativa sea bajar las exigencias para facilitar la continuidad de la empresa actual”.
La problemática laboral es uno de los ejes centrales del conflicto. Según expuso Urrutia, existen deudas salariales, pagos fraccionados y atrasos en el aguinaldo y cargas sociales. “Hay compañeros que no tienen garantizada su obra social y que deben pagar sumas cercanas a los 300 mil pesos para mantener una cobertura”, señaló el dirigente, subrayando que la falta de aportes patronales afecta directamente a las familias de los choferes.
Por su parte, Julián Kristiansen cuestionó la postura de la firma que opera actualmente en la ciudad. “La empresa local no se presentó en ninguno de los llamados, por ende no tiene las aptitudes para cumplir un pliego básico. Nunca nos comunicó formalmente que quiere continuar con el servicio”, indicó el edil.
Para buscar una salida institucional, el Concejo Deliberante programó dos encuentros fundamentales. El jueves se reunirán con funcionarios del Departamento Ejecutivo para conocer las gestiones realizadas ante otras empresas, mientras que el viernes será el turno de la empresa local. El objetivo es determinar si existe capacidad operativa real para mantener el servicio bajo condiciones de transparencia y previsibilidad.
