El municipio reclamará judicialmente más de 160 millones de pesos por una obra de cloacas ejecutada con fondos propios tras el incumplimiento de un convenio firmado con el Estado nacional.
La Municipalidad de San Cayetano, encabezada por el intendente Miguel Gargaglione, confirmó que iniciará acciones judiciales contra el Gobierno nacional para reclamar el pago de fondos adeudados correspondientes a una obra pública realizada durante la gestión anterior bajo convenio con Nación.
La deuda original rondaba los 36 millones de pesos, pero actualizada por inflación ya supera los 160 millones, según precisaron desde la comuna.
La secretaria de Gobierno y Hacienda, Melisa Eriksen, explicó que el municipio agotó todas las instancias administrativas antes de avanzar con la vía judicial y sostuvo que el reclamo responde a una responsabilidad institucional con los vecinos.
“Es una obligación tanto del intendente como de la gestión reclamar las deudas”, afirmó la funcionaria.
Según detalló, el mecanismo contemplaba que el municipio ejecutara la obra, afrontara el pago a la empresa adjudicataria y luego recuperara los fondos mediante certificados enviados al Gobierno nacional. Sin embargo, el último certificado, correspondiente a septiembre de 2024, nunca fue abonado.
“A partir de ahí se comenzaron a hacer todos los intentos para cobrarlo, pero llega un momento en el que no queda otra alternativa que la vía judicial”, explicó Eriksen.
La funcionaria indicó además que el propio Gargaglione mantuvo conversaciones recientes con autoridades nacionales y que incluso recibió señales favorables respecto de judicializar el reclamo.
Desde la comuna remarcaron que la presentación judicial no constituye una postura política contra la administración de Javier Milei, sino una obligación vinculada a la defensa de los recursos municipales.
“No es una cuestión de estar en contra del Gobierno nacional. Es una obligación reclamar lo que corresponde a todos los sancayetanenses”, enfatizó.
Para avanzar con la causa, el municipio contrató abogados especializados en litigios contra el Estado nacional, matriculados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Eriksen reconoció además que el contexto económico actual complica seriamente las finanzas municipales debido a la caída de la coparticipación, la reducción de obra pública y las consecuencias de las recientes inundaciones que afectaron caminos rurales e infraestructura local.
“Obviamente que recuperar ese dinero sería importante”, señaló.
El caso podría transformarse en antecedente para otros municipios bonaerenses que atraviesan situaciones similares por transferencias nacionales pendientes vinculadas a obras públicas firmadas en años anteriores.
