El conflicto entre los municipios de Tandil y Azul escaló a partir del traslado de una familia en situación de vulnerabilidad. Mientras la gestión de Miguel Lunghi acusa a Azul de haberla dejado sin asistencia y reclama el reintegro de los gastos, el gobierno de Nelson Sombra sostiene que el viaje fue pedido por los propios integrantes del grupo y rechaza hacerse cargo de su regreso.

La discusión institucional tomó un tono cada vez más áspero mientras en el centro del conflicto permanece una familia integrada, según Azul, por cuatro adultos y seis menores.

Tandil cuestionó que el grupo hubiera sido trasladado sin coordinación previa, sostuvo que debió activar mecanismos de emergencia y reclamó que Azul afronte los costos de alojamiento, alimentación y asistencia.

La respuesta de la Municipalidad de Azul fue contundente. Aseguró que la familia venía siendo acompañada desde hacía años por distintas áreas municipales y que uno de sus integrantes adultos solicitó viajar a Tandil porque afirmaba contar allí con posibilidades de trabajo y alojamiento.

La gestión de Nelson Sombra también rechazó el pedido para coordinar un regreso compulsivo. “No se puede disponer de las personas como si se tratara de objetos”, sostuvo al remarcar que cualquier decisión sobre el lugar de residencia debe considerar la voluntad de la propia familia.

Azul tampoco aceptó pagar los gastos reclamados por Tandil y señaló que las erogaciones realizadas por ese municipio no pueden convertirse automáticamente en una deuda exigible.

Pese al cruce, propuso conformar una mesa de trabajo entre ambas comunas y escuchar directamente a los integrantes del grupo para determinar qué quieren hacer.

El episodio terminó exponiendo una discusión política e institucional alrededor de personas que atraviesan una situación social crítica, mientras permanece pendiente la cuestión central: qué condiciones tenía realmente la familia antes del traslado, qué ocurrió al llegar a Tandil y qué solución concreta puede ofrecerse ahora.