Mientras Nación impulsa un programa para bloquear teléfonos en cárceles de todo el país, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aclaró que en la provincia de Buenos Aires el acceso de los detenidos a celulares depende actualmente de decisiones judiciales.
El Ministerio de Seguridad de la Nación creó un programa para que las provincias puedan adherir a un sistema de detección y bloqueo de celulares dentro de establecimientos penitenciarios.
La ministra nacional Alejandra Monteoliva sostuvo que el mecanismo ya funciona en el sistema federal y planteó que ahora cada jurisdicción deberá decidir si lo implementa.
Desde la Provincia de Buenos Aires, sin embargo, el ministro Javier Alonso remarcó que existe una diferencia central: en las cárceles bonaerenses no es el Servicio Penitenciario el que decide unilateralmente si los internos pueden acceder a teléfonos.
“Los presos que están en el Servicio Penitenciario Bonaerense son del juez de ejecución de pena. El que ordena lo que se hace con el preso es el juez, el juez es el que nos obliga a que ellos accedan al teléfono”, explicó.
Alonso sostuvo además que las restricciones deberían contemplar el nivel de peligrosidad y la situación de cada detenido. “Alguien peligroso no puede tener teléfonos de ninguna manera”, afirmó, aunque señaló que en otros casos el dispositivo puede formar parte de procesos vinculados con la reinserción.
Por esa razón, una prohibición generalizada en las cárceles bonaerenses requeriría modificaciones legales y no podría resolverse solamente mediante una decisión administrativa del Ejecutivo provincial.
En la Legislatura ya existen proyectos para regular las comunicaciones de los internos e instalar inhibidores de señal, pero hasta el momento ninguno consiguió avanzar.
