La operatoria de Puerto Quequén permanece paralizada este lunes debido a una medida de fuerza nacional adoptada por los prácticos. La protesta se originó en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2026, mediante el cual el Gobierno nacional busca modificar el régimen de practicaje y pilotaje en las estaciones marítimas del país.
Si bien los buques que se encuentran amarrados continúan con las tareas de carga, la navegación está interrumpida: ningún navío puede abandonar la terminal ni se permite el ingreso de nuevas embarcaciones. Aunque las terminales siguen recibiendo transporte terrestre y acopiando mercadería, el sector advierte que la prolongación del conflicto afectará la capacidad de almacenamiento y las exportaciones.
Desde el ámbito portuario manifestaron su preocupación por las particularidades técnicas de Puerto Quequén. Según señalaron fuentes del sector privado, “no es un puerto sencillo para entrar ni para salir”, debido a la complejidad de las maniobras que requieren coordinación permanente entre prácticos y remolcadores, especialmente para buques de gran porte como los Panamax.
El DNU 690/2026 impulsado por el Poder Ejecutivo deroga el reglamento vigente desde 1991 con el objetivo de desregular la actividad. La normativa establece que la Prefectura Naval Argentina administrará un registro abierto de profesionales habilitados, eliminando restricciones de ingreso para fomentar la competencia y reducir los costos logísticos.
Asimismo, la nueva norma faculta a los usuarios a contratar libremente a cualquier práctico inscripto y permite que la Prefectura Naval Argentina autorice temporalmente a capitanes con conocimiento de zona para realizar maniobras ante situaciones excepcionales. El Gobierno nacional sostiene que el régimen anterior era obsoleto y encarecía el comercio exterior.
Por su parte, los prácticos argumentan que las modificaciones alteran la seguridad y el funcionamiento del sistema. Mientras se mantiene la falta de acuerdo, la navegación en el principal puerto de la región continúa detenida a la espera de una resolución administrativa o judicial del conflicto.
