Enrique Pérez Decontardi presentó una denuncia penal para que se investiguen las sucesivas prórrogas otorgadas a Terminal Quequén S.A. después del vencimiento de la concesión original, la postergación de una licitación internacional y la actuación de integrantes del Directorio del Consorcio. La presentación pone especial atención sobre Daniel Arce y pide preservar documentación y comunicaciones del organismo.
Una nueva denuncia penal pone bajo la lupa las decisiones adoptadas durante los últimos años en el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén (CGPQ) respecto de la continuidad de Terminal Quequén S.A. al frente del elevador de granos de los sitios 4, 5 y 6.
La presentación fue realizada por Enrique Pérez Decontardi ante el Ministerio Público Fiscal de Necochea y solicita investigar la actuación de integrantes actuales y anteriores del Directorio del Consorcio, entre ellos Daniel Arce y Mariano Carrillo.
La denuncia plantea como hipótesis la posible existencia de delitos vinculados con administración fraudulenta, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, aunque será la investigación judicial la que deberá determinar si alguna de esas figuras resulta aplicable.
El propio escrito aclara que la inclusión de los directores no implica afirmar que hayan cometido delitos.
Las sucesivas prórrogas, bajo investigación
Uno de los ejes principales es la continuidad de Terminal Quequén después del vencimiento del contrato original, que según la presentación habría ocurrido en noviembre de 2022.
El denunciante pide reconstruir las sucesivas extensiones otorgadas desde entonces y determinar qué fundamentos contractuales, jurídicos, técnicos y económicos respaldaron cada decisión y cómo intervino cada integrante del Directorio.
También solicita analizar las condiciones económicas bajo las cuales continuó operando la terminal, incluyendo cánones, inversiones, mantenimiento, eventuales incumplimientos y posibles penalidades.
Una licitación anunciada que no se concretó
Otro punto central es la licitación internacional que había sido anunciada para definir la futura explotación del elevador.
Según la denuncia, el procedimiento fue preparado pero no llegó a concretarse la convocatoria y adjudicación, mientras la actual operadora continuó explotando las instalaciones mediante prórrogas.
Por eso se pide investigar por qué no avanzó la licitación, qué estudios y pliegos fueron elaborados y qué decisiones determinaron sus sucesivas postergaciones.
El foco sobre Daniel Arce
La presentación dedica especial atención a Daniel Arce, representante de la Cámara de Permisionarios y Concesionarios dentro del Directorio.
El denunciante pide determinar mediante documentación oficial si Arce mantuvo simultáneamente una relación ejecutiva, funcional o laboral con Terminal Quequén S.A. y si participó en deliberaciones o votaciones relacionadas con las prórrogas concedidas a esa empresa.
También reclama establecer si informó formalmente esa vinculación y si correspondía que se abstuviera de intervenir.
Sobre este punto, la denuncia plantea provisoriamente la posibilidad de analizar la figura de administración fraudulenta, pero aclara que deberá determinarse primero si existió efectivamente algún perjuicio patrimonial y una conducta penalmente relevante.
El estado del elevador y la última extensión
La denuncia también relaciona la última prórroga con el estado de las instalaciones del elevador.
El planteo busca establecer cuáles eran las obligaciones de mantenimiento y reparación de la concesionaria y si existieron inspecciones, intimaciones, incumplimientos o sanciones anteriores.
En particular, solicita investigar si obras que eventualmente correspondían a obligaciones de mantenimiento de Terminal Quequén pudieron posteriormente formar parte de las condiciones utilizadas para justificar una nueva extensión de la explotación.
También apuntan a la conducción interina
Otro capítulo alcanza a Mariano Carrillo y solicita investigar las circunstancias de su designación como presidente interino del Consorcio luego de quedar vacante la Presidencia.
La presentación cuestiona esa decisión a partir de la interpretación de la Ley provincial 11.414 y pide determinar además cómo fueron otorgadas determinadas funciones gerenciales dentro del organismo.
Piden asegurar documentación del Consorcio
Entre las medidas solicitadas aparece un pedido particularmente relevante: que la Fiscalía evalúe registrar dependencias del CGPQ y asegurar o secuestrar documentación física y digital.
El requerimiento comprende actas del Directorio, contratos, antecedentes de las prórrogas, documentación de la licitación que no se concretó, informes técnicos, inversiones, cánones y antecedentes sobre mantenimiento de la terminal.
También se solicita preservar servidores, computadoras, correos electrónicos institucionales y otras comunicaciones, incluso mediante copias forenses si la Justicia lo considera necesario.
La denuncia abre ahora una instancia judicial en la que deberá determinarse si los hechos relatados tienen relevancia penal, cuál fue la intervención concreta de cada persona mencionada y si existió algún perjuicio para el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén.
