Los prácticos son especialistas que asesoran a los capitanes durante la navegación por ríos, canales, pasos y accesos portuarios. Su intervención resulta especialmente relevante cuando se trata de embarcaciones extranjeras cuyos responsables no conocen en detalle las condiciones particulares de cada vía navegable.
El presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, explicó que el profesional cumple una doble función: “El práctico tiene dos funciones: asesorar al capitán en los distintos ríos y canales del país, sobre todo cuando el capitán es extranjero, y ser delegado de la autoridad pública en los buques extranjeros”.
En la misma línea, el secretario general del Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina, Mariano Vidal, sostuvo que estos trabajadores cumplen un rol decisivo para proteger la navegación y el territorio nacional.
“Los prácticos cumplen el rol fundamental de salvaguardar la integridad de Argentina”, afirmó. Además, señaló que conocen los recorridos y las maniobras necesarias en cauces complejos y cambiantes como el Río de la Plata o el Paraná.
El práctico actúa como un baqueano del agua. Su tarea consiste en guiar al buque en sectores donde una maniobra incorrecta puede provocar una varadura, una colisión, daños en la infraestructura portuaria o un incidente ambiental.
La seguridad ambiental, en el centro de la disputa
Uno de los principales puntos de discusión es la posibilidad de que determinados capitanes queden exceptuados de contratar un práctico cuando acrediten conocimiento suficiente de una ruta o de una zona portuaria.
Para Sturzenegger, la obligación pierde sentido cuando un capitán realiza reiteradamente el mismo recorrido y conoce los canales y puertos.
Sin embargo, especialistas del sector advierten que el conocimiento general de una ruta no reemplaza la experiencia específica de quienes trabajan diariamente en las vías navegables argentinas.
Mariano Vidal alertó sobre las posibles consecuencias de una maniobra incorrecta: “Si hay una colisión, los argentinos pagan el daño ambiental. En el mejor de los casos, el buque queda encallado, sin derrame, pero se paraliza el comercio exterior, porque todo se traba”.
Por su parte, Fernando Morales advirtió: “Si el capitán se manda solo y queda varado en el Paraná, se traba todo y los gastos se cuentan de a cientos de miles de dólares”.
El riesgo resulta especialmente sensible en el caso de buques petroleros o que transportan sustancias peligrosas. Una colisión o un derrame podría comprometer el abastecimiento de agua, dañar ecosistemas y bloquear durante días una vía navegable estratégica.
Un servicio costoso y con fuertes barreras de entrada
El sector del practicaje está integrado por unos 450 profesionales y funciona como una actividad altamente especializada, con un proceso de formación extenso.
Para llegar a ser práctico, un trabajador debe atravesar diferentes etapas de la carrera naval, aprobar exámenes y acreditar conocimiento específico del río, puerto o canal en el que pretende operar.
Los profesionales se organizan en cooperativas que negocian las tarifas con los agentes marítimos, quienes representan a las empresas navieras.
Desde distintos sectores reconocen que se trata de una actividad con barreras de entrada y elevados ingresos. Algunos cálculos ubican las remuneraciones mensuales entre 25.000 y 30.000 dólares.
Sin embargo, los especialistas rechazan las comparaciones directas entre puertos argentinos y terminales extranjeras. Argumentan que las distancias, los tiempos de navegación y las condiciones de los canales son diferentes.
Mariano Vidal sostuvo que “no es lo mismo amarrar en el Río de la Plata que en Everglades”, debido a que una operación puede demandar varias horas y desarrollarse en condiciones más complejas.
También señalan que el costo del practicaje representa una proporción reducida dentro del gasto total de un viaje internacional. Según Fernando Morales, una travesía de ida y vuelta hacia Oriente puede costar alrededor de dos millones de dólares, por lo que una diferencia de algunos miles de dólares no modificaría sustancialmente el valor final de la operación.
Un cese de tareas que formalmente no es un paro
Los prácticos no están organizados como un sindicato y trabajan como profesionales autónomos. Por ese motivo, no declararon formalmente una huelga, sino que decidieron no aceptar nuevas contrataciones bajo las condiciones impuestas por el decreto.
La decisión fue coordinada a través de las cooperativas luego de la publicación de la norma. Desde ese momento, los profesionales dejaron de tomar trabajos y comenzaron a acumularse embarcaciones en distintos puntos del país.
Esta condición jurídica complica la respuesta del Gobierno nacional. Al no tratarse de trabajadores bajo relación de dependencia ni de una organización sindical, la Secretaría de Trabajo no puede aplicarles las sanciones previstas para quienes interrumpen un servicio esencial.
La respuesta oficial fue enviar intimaciones a los domicilios de los prácticos a través de la Prefectura Naval Argentina. En esas comunicaciones se les advirtió que el practicaje constituye un servicio público regulado y que podrían enfrentar denuncias penales si su conducta pusiera en riesgo la seguridad de las embarcaciones.
Los profesionales rechazaron esa interpretación y sostuvieron que su decisión busca evitar riesgos.
“No existe nada en mi decisión que ponga en peligro una nave, construcción flotante o aeronave. Por el contrario, es el decreto el que crea situaciones de peligro que antes no existían”, expresaron en la respuesta enviada al Gobierno.
Prefectura y Armada no pueden reemplazar a los profesionales
El decreto habilita a la Prefectura Naval Argentina a prestar los servicios de practicaje, pilotaje o baquía cuando existan situaciones excepcionales. También permite requerir la intervención de la Armada Argentina.
Sin embargo, existe una dificultad operativa: ninguna de las dos fuerzas contaría con personal suficiente y habilitado para reemplazar a los prácticos civiles.
Fernando Morales explicó que las fuerzas no disponen de profesionales capaces de cubrir las vacantes generadas por el conflicto.
“No tienen un solo oficial para hacer de práctico; ni la Fragata Libertad se mueve sin un práctico a bordo”, señaló.
La falta de reemplazos dejó sin efecto una de las principales herramientas previstas por el Gobierno para garantizar la continuidad de la actividad.
Los puertos y las exportaciones, bajo presión
La interrupción del practicaje afecta a toda la cadena logística. Los buques no pueden ingresar a las terminales, los que completaron sus cargas tienen dificultades para salir y las embarcaciones que esperan en rada acumulan costos diarios.
La situación repercute sobre exportadores de granos, petroleras, agencias marítimas, terminales, transportistas y trabajadores portuarios.
En Puerto Quequén, uno de los principales puntos de salida de cereales y oleaginosas del país, la falta de prácticos condiciona los movimientos de embarcaciones y amenaza con alterar la programación de cargas.
Cada demora puede trasladarse a la llegada de camiones, la disponibilidad de espacios en las terminales, el cumplimiento de contratos internacionales y la rotación de los sitios de atraque.
El conflicto también afecta a Bahía Blanca, el Río de la Plata y la hidrovía del Paraná, corredores centrales para el movimiento de hidrocarburos, granos y productos industriales.
Una pelea que puede anticipar un conflicto mayor
Para algunos sectores sindicales y navales, la discusión por el practicaje es apenas el primer capítulo de un proceso más amplio de reformas impulsadas por el Gobierno.
Mariano Vidal vinculó el conflicto con los cambios proyectados en materia de cabotaje y navegación.
“Estamos muy preocupados y rechazamos la reforma de la ley de Cabotaje, porque va en este sentido: quieren entregar los ríos y los mares para que venga cualquiera y haga lo que quiera con nuestra soberanía”, afirmó.
El dirigente agregó una advertencia: “Bajar al práctico de los buques es el primer capítulo. El segundo será bajar a los navegantes argentinos. Y los resultados serán catastróficos”.
Mientras tanto, el comercio exterior continúa condicionado y crece la presión para encontrar una salida. Una alternativa podría surgir a partir de una presentación judicial de alguna empresa petrolera, cerealera o asociación afectada por las demoras.
La continuidad del conflicto dependerá de que el Gobierno revise las condiciones del nuevo régimen, de que los prácticos acepten retomar la actividad o de que una decisión judicial suspenda parcialmente la aplicación del decreto.
Hasta que alguna de esas posibilidades se concrete, decenas de embarcaciones seguirán detenidas y los costos continuarán aumentando en los principales puertos y vías navegables del país.
