La entrada en vigencia del nuevo régimen nacional de practicaje y pilotaje desató una medida de fuerza que comenzó a repercutir en los principales puertos bonaerenses. En Puerto Quequén, los prácticos dejaron de prestar servicios y, aunque los buques amarrados continuaban con sus tareas de carga, quedaron condicionados el ingreso y la salida de nuevas embarcaciones.
El conflicto se originó tras la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno nacional reemplazó la reglamentación vigente desde 1991 y modificó las condiciones para la contratación y prestación de los servicios de practicaje, pilotaje y baquía.
La protesta involucra a prácticos, pilotos y baqueanos, profesionales cuya intervención resulta determinante para realizar las maniobras de entrada, salida y desplazamiento de buques en canales, radas y zonas portuarias complejas.
La medida alcanza a Puerto La Plata, Dock Sud, Zárate-Campana, Puerto Quequén y Bahía Blanca, con demoras en operaciones relacionadas con hidrocarburos, exportaciones agroindustriales y proyectos energéticos.
El impacto inicial en Puerto Quequén
En Puerto Quequén, la interrupción del servicio todavía no había detenido las tareas de carga de los buques que ya se encontraban amarrados. Sin embargo, la falta de prácticos impide concretar con normalidad las maniobras necesarias para el ingreso y egreso de embarcaciones.
Esta situación podría comenzar a alterar la programación portuaria si el conflicto se extiende. Los buques que concluyan sus operaciones podrían quedar imposibilitados de abandonar las terminales, mientras que las embarcaciones anunciadas no podrían ingresar para iniciar sus cargas.
El impacto potencial no se limita a los armadores. Puerto Quequén funciona como uno de los principales puntos de salida de cereales, oleaginosas y subproductos agroindustriales, por lo que una interrupción prolongada podría repercutir sobre exportadores, terminales, agencias marítimas, transportistas, estibadores y productores.
Por el momento, no existe una estimación precisa sobre las pérdidas económicas. No obstante, referentes vinculados con la actividad reconocieron que la preocupación aumenta ante la posibilidad de que las restricciones deriven en una paralización más amplia.
La operatoria portuaria depende de una cadena coordinada. La disponibilidad de prácticos debe articularse con los horarios de las terminales, el trabajo de los remolcadores, la llegada de camiones, la actividad de los estibadores y la programación internacional de los buques.
Una alteración en cualquiera de esos componentes puede provocar tiempos de espera, reprogramaciones y mayores costos logísticos.
Complicaciones en otros puertos bonaerenses
La situación también genera inconvenientes en Bahía Blanca, donde el conflicto alcanzó a una operación vinculada con el desarrollo energético de Vaca Muerta.
El buque HL White Marlin, que transporta equipamiento técnico destinado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur, permanecía fondeado frente al complejo portuario sin poder comenzar las maniobras de descarga. La embarcación trasladaba infraestructura destinada a la futura terminal offshore de Punta Colorada, en Río Negro.
En Puerto La Plata, una operación relacionada con hidrocarburos también quedó condicionada. La falta de movimientos generó dificultades por la disponibilidad de espacio en la rada y obligó a informar la situación a la Prefectura Naval Argentina.
La Prefectura Naval Argentina ocupa un lugar central en el nuevo esquema, ya que el decreto la habilita a intervenir para garantizar la continuidad del servicio cuando considere que existen circunstancias excepcionales que puedan comprometer la navegación o la actividad portuaria.
Qué establece el nuevo régimen
El Decreto 690/2026 habilita un registro abierto para los profesionales, amplía la libertad de contratación y elimina restricciones que el Gobierno nacional considera barreras para el ingreso de nuevos prestadores.
También faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a determinar tarifas máximas y modifica los supuestos en los cuales resulta obligatoria la contratación de un práctico.
La administración nacional sostiene que la reforma busca aumentar la competencia, reducir los costos logísticos y evitar que un número limitado de prestadores controle un servicio indispensable para el comercio exterior.
El Gobierno nacional afirma que la modificación no elimina el practicaje ni reduce los estándares de seguridad, sino que introduce mayor competencia y limita el valor que puede cobrarse por el servicio.
Sin embargo, desde sectores vinculados con la actividad portuaria advierten que la discusión no puede limitarse al costo de las prestaciones.
La seguridad de la navegación, en el centro del conflicto
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la posibilidad de ampliar las excepciones para que determinados buques puedan navegar o realizar maniobras sin contratar un práctico.
Los trabajadores y operadores portuarios sostienen que el conocimiento específico de cada puerto, canal y zona de maniobras constituye una condición esencial para prevenir accidentes.
“Están jugando con cosas que no tienen repuesto. Que hagan lo que quieran con la libertad, aunque fijen precios máximos para el practicaje. Lo que no pueden hacer es tomar medidas que afecten la seguridad de la navegación. Es una locura”, advirtieron desde una de las terminales bonaerenses.
La preocupación apunta especialmente a la posibilidad de que un capitán pueda acreditar conocimiento de una zona y obtener una excepción para operar sin la asistencia habitual.
“No sabemos el desastre ecológico que eventualmente pueden llegar a producir”, señalaron desde el sector ante la posibilidad de flexibilizar las condiciones para realizar maniobras de ingreso o salida sin la experiencia específica que requiere el practicaje.
Los críticos de la reforma entienden que una flexibilización excesiva podría aumentar el riesgo de colisiones, varaduras, daños en instalaciones portuarias o incidentes ambientales, especialmente en accesos estrechos y zonas que requieren experiencia local.
En Puerto Quequén, el canal de acceso, las condiciones marítimas y las maniobras necesarias para ingresar a las terminales requieren una coordinación precisa entre el capitán, el práctico, los remolcadores y las autoridades de navegación.
Por ese motivo, el debate excede el enfrentamiento económico entre el Gobierno nacional y los prestadores. La discusión central pasa por determinar quiénes estarán habilitados para conducir maniobras de alta complejidad y bajo qué requisitos técnicos.
Horas decisivas para la actividad portuaria
El impacto de la medida todavía es dispar. En algunos puertos, los buques amarrados continúan cargando o descargando, pero no pueden concretar sus movimientos. En otros casos, determinadas operaciones quedaron directamente suspendidas.
En Puerto Quequén, la evolución del conflicto será decisiva. Si no se normaliza el servicio antes de que los barcos actualmente amarrados terminen sus cargas, podría producirse una acumulación de embarcaciones en espera y una interrupción progresiva de la actividad.
La duración de la protesta determinará si se trata de una demora acotada o si termina afectando de forma más profunda las exportaciones agroindustriales, el movimiento de hidrocarburos y la logística de los principales puertos del país.
