El Concejo Deliberante de Necochea quedó en el centro de una fuerte discusión política e institucional tras la sanción de una ordenanza de exenciones impositivas que derivó en un conflicto de poderes con el Departamento Ejecutivo. La controversia escaló hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que suspendió provisoriamente la norma y le dio traslado al cuerpo deliberativo para que responda la demanda impulsada por el intendente Arturo Rojas.
El punto que ahora suma tensión al debate es otro: pese a que entre los concejales que votaron la norma hay siete abogados, el HCD resolvió recurrir a asesoramiento externo para contestar ante el máximo tribunal provincial, lo que implica nuevos gastos en honorarios profesionales y abre una pregunta política inevitable: si la convicción jurídica sobre lo votado era tan sólida, ¿por qué no defenderla con los propios recursos técnicos y profesionales del cuerpo?
La ordenanza cuestionada, identificada como la 12.148/26, establecía nuevas exenciones tributarias y beneficios administrativos para veteranos de la Guerra de Malvinas, viudas y derechohabientes. El Ejecutivo municipal sostuvo desde el inicio que la medida avanzaba sobre facultades que le corresponden en forma exclusiva, por tratarse de cuestiones vinculadas a recursos municipales, materia tributaria, presupuesto y proyección de ingresos futuros.
Tras el veto del intendente Arturo Rojas, la mayoría del Concejo Deliberante insistió con la norma y dejó firme la ordenanza. Esa decisión llevó al Ejecutivo a promover un conflicto de poderes ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que aceptó intervenir, suspendió los efectos de la ordenanza y otorgó al cuerpo deliberativo un plazo para ejercer su defensa.
En ese contexto, la contratación de un abogado externo se transformó en un dato políticamente incómodo. No sólo porque el costo será afrontado con fondos públicos, sino porque dentro del propio cuerpo hay concejales con formación jurídica que participaron de la decisión legislativa ahora judicializada.
La lista de concejales abogados está integrada por Marcelo Schwarz, de Nueva Necochea y actual presidente del HCD; María Eugenia Vallota, de La Libertad Avanza / PRO; Eduardo Caballero, de La Libertad Avanza; Marcelo “Chelo” Rivero, de Fuerza Patria; Silvia Blanco, de Fuerza Patria / Frente Renovador; Bettiana Pustilnick, de la Agrupación Comunal Transformadora; y Guillermo Sánchez, de Avanza Necochea.
La contradicción queda expuesta en términos políticos: varios de quienes integran el cuerpo deliberativo cuentan con título de abogado, algunos con experiencia institucional o profesional, pero al momento de defender la legalidad de la ordenanza ante la Suprema Corte se optó por buscar patrocinio externo. La decisión alimenta dudas sobre la consistencia técnica con la que se impulsó y sostuvo la norma, especialmente después de que el Ejecutivo hubiera advertido que la insistencia podía terminar en una demanda ante el máximo tribunal provincial.
El propio concejal Eduardo Caballero reconoció públicamente que el cuerpo analizaba contratar un estudio jurídico para responder ante la Suprema Corte. En ese marco, advirtió: “El vecino va a terminar el costo de un abogado para el Concejo Deliberante”.
La discusión excede el beneficio puntual previsto para los veteranos de Malvinas, sobre el cual no parece estar centrado el principal desacuerdo. El verdadero eje del conflicto pasa por los límites de competencia entre los dos departamentos del Estado municipal: quién puede iniciar modificaciones de carácter tributario, quién debe calcular el impacto presupuestario y hasta dónde puede avanzar el Concejo Deliberante cuando una ordenanza afecta recursos de la comuna.
Mientras el Concejo sostuvo ante la Suprema Corte que tiene atribuciones para establecer exenciones tributarias, el Ejecutivo insiste en que una medida de ese tipo no puede nacer de una iniciativa legislativa si altera la estructura fiscal y presupuestaria del municipio. En su contestación, el cuerpo deliberativo pidió el rechazo de la demanda y el levantamiento de la cautelar que mantiene suspendida la ordenanza.
La causa sumó además un dato relevante: el dictamen del procurador general bonaerense, Julio Marcelo Conte-Grand, recomendó declarar la nulidad de la ordenanza, aunque la decisión final todavía corresponde a la Suprema Corte. Ese pronunciamiento fortalece, al menos en esta etapa, la posición jurídica del Departamento Ejecutivo.
La pregunta que queda flotando es política y administrativa: si siete concejales abogados formaron parte del debate y de la decisión legislativa, ¿por qué el Concejo Deliberante necesita pagar asesoramiento externo para defender ante la Justicia aquello que votó en el recinto?
La respuesta final la tendrá la Suprema Corte bonaerense. Pero el costo de la pelea institucional ya empezó a correr. Y, como ocurre cada vez que los poderes públicos trasladan sus disputas a los tribunales, la factura terminará impactando sobre los vecinos.
