El Gobierno Nacional oficializó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que establece una reducción inmediata del 20% en las tarifas del servicio. La medida surge tras un periodo de conflicto que generó demoras significativas en el transporte fluviomarítimo, afectando a 185 embarcaciones y poniendo en riesgo la logística de casi tres millones de toneladas de carga.

Como parte del entendimiento, las autoridades nacionales decidieron suspender la implementación de la desregulación del servicio, un punto de fricción central en las negociaciones recientes. Desde el Ejecutivo señalaron que este acuerdo “contempla una reducción de costos directa para el comercio exterior”, buscando optimizar la competitividad de las terminales portuarias, incluidas las de la región de Necochea y Quequén.

El practicaje es un servicio esencial y obligatorio para garantizar la seguridad de la navegación en canales y puertos. La normalización de las tareas permite restablecer el flujo comercial y asegura el ingreso de divisas a través de las exportaciones granarias y de manufacturas. Fuentes oficiales destacaron que el diálogo se mantendrá abierto para evaluar estructuras de costos a largo plazo sin comprometer la seguridad operativa.