La presión de gobernadores y bloques aliados obligó al oficialismo a postergar el tramo más cuestionado de la ley de propiedad privada. La discusión sobre la compra de tierras rurales por extranjeros continuará sin fecha definida.
El Gobierno nacional aceptó suspender el tratamiento del capítulo que modificaba la Ley de Tierras y eliminaba restricciones a la compra de campos por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.
La decisión se tomó luego de una reunión de urgencia convocada por la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, ante la falta de votos para sostener el proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Del encuentro participaron representantes de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO, Provincias Unidas y otros bloques provinciales. Allí se resolvió por consenso postergar el tratamiento del capítulo referido al régimen de tierras rurales.
Desde el oficialismo aclararon que la decisión no implica eliminar definitivamente ese tramo del proyecto, sino continuar negociándolo para intentar alcanzar un acuerdo más amplio. Sin embargo, varios aliados consideran que la discusión quedó prácticamente cerrada.
La propuesta había sido modificada en reiteradas oportunidades. En su última versión, el Gobierno nacional había aceptado elevar del 15 al 25 por ciento el límite de tierras rurales que podían quedar en manos extranjeras, después de abandonar su intención inicial de eliminar completamente las restricciones.
La falta de respaldo quedó expuesta cuando gobernadores de distintas provincias comenzaron a ordenar públicamente a sus senadores que rechazaran la iniciativa.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, afirmó: “No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”.
En Salta, Gustavo Sáenz indicó a Flavia Royón y Carolina Moisés que votaran en contra. En Catamarca, Raúl Jalil adoptó una posición similar respecto de Guillermo Andrada.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, también confirmó el rechazo de Sandra Mendoza y Beatriz Ávila. “He conversado con las dos senadoras nacionales y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”, sostuvo.
Desde Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua expresó: “Lo que amamos no se vende”, mientras que el senador Carlos Arce confirmó su rechazo a la reforma.
También se pronunciaron en contra dirigentes radicales como Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama, además del presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella.
La acumulación de rechazos dejó al oficialismo con escasas posibilidades de aprobar el capítulo. La Libertad Avanza cuenta con 21 votos propios y tampoco tenía garantizado el acompañamiento completo del PRO.
Dentro de los bloques aliados también crecieron las críticas por la forma en que el Ejecutivo manejó la negociación.
“La situación estuvo muy mal manejada desde un principio. Este proyecto no lo defendió el Gobierno, no lo defendió el oficialismo y quieren que nosotros salgamos a dar la cara”, cuestionó un senador dialoguista.
La suspensión del capítulo permitió al oficialismo evitar una derrota que podía comprometer el tratamiento completo de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. No obstante, el futuro de la reforma de la Ley de Tierras quedó abierto y sin garantías de que pueda volver a reunir los consensos necesarios.
